La muerte en atentado de Eduardo Puelles García, jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la Policía española en Bilbo, unidad encargada de la lucha contra ETA, refleja en toda su crudeza el conflicto vasco. Es también, entre muchas otras cosas, una muestra del escaso valor de las especulaciones que en términos de victoria y derrota se lanzan a menudo desde el Gobierno español en relación al conflicto vasco. Especulaciones que, en el mejor de los casos, buscan conseguir una ventaja política sobre el enemigo de cara a un futuro acuerdo. Discursos que, en el peor de los casos, buscan dificultar o incluso cerrar las puertas a una negociación que no tiene otra alternativa que la perduración del conflicto por varias generaciones. Discursos que, en definitiva, o bien son irresponsables o bien son directamente responsables del alargamiento del sufrimiento para todas las partes.

Desgraciadamente, esos discursos de firmeza -y al fin y al cabo de negación-, pronto dan paso a la apología de la venganza. Se busca así, precisamente en nombre del sufrimiento, la inhibición social frente al sufrimiento ajeno. Y se pretende implantar un esquema maniqueo que hace de la negación de la realidad su principio rector. Esta misma semana los portavoces del Gobierno de Lakua han afirmado que en Euskal Herria no existe conflicto político y que harán de esa idea no sólo su lema, sino su criterio para otorgar o eliminar derechos políticos y civiles básicos. Los políticos, más aún quienes ostentan cargos públicos, pueden y deben plantear sus objetivos, sus anhelos y sus posiciones políticas, y deben hacerlo firmemente. Pero no pueden negar la realidad. Y menos aún hacer de esa negación un elemento de supuesta superioridad moral.

El atentado, al igual que el resto de expresiones violentas, evidencia la necesidad de buscar una resolución del conflicto político en parámetros de diálogo, acuerdo, respeto, democracia, justicia y paz.