«Es un día histórico, nuestras demandas eran justas y finalmente el Gobierno nos ha dado la razón», dijo Daysi Zapata, dirigente indígena que remplazó a Alberto Pizango, líder de la revuelta de los nativos durante dos meses y que el jueves viajó asilado a Nicaragua después de que el Gobierno lE responsabilizara de los hechos violentos de principios de mes.

Zapata llamó a los indígenas en la vasta región amazónica a levantar la huelga que iniciaron el 9 de abril y a desbloquear las carreteras que tenían bajo su control.

También reclamó al Gobierno que levante el estado de emergencia y el toque de queda implantados en Bagua tras los graves enfrentamientos que, oficialmente, costaron la vida a 24 policías y 10 nativos. Grupos indígenas cifran en una treintena los indígenas fallecidos.

Zapata exigió, además, el cese del hostigamiento y la persecución contra los líderes de la protesta.

La mayor parte de los portavoces de grupos parlamentarios se posicionaron a favor de la derogación de los decretos, sobre todo de la bancada nacionalista, a excepción de la derechista Unidad Nacional. Ello no evitó las críticas al Gobierno por su tardía rectificación.

El debate fue seguido por unos 30 indígenas asháninkas en el Congreso, quienes asistieron a la sesión parlamentaria ataviados con sus trajes y sombreros tradicionales.

Tales decretos son cuestionados, según los indígenas, por modificar la legislación forestal y ser una amenaza a la propiedad de sus comunidades, lo que permitiría el ingreso de empresas -sobre todo, trasnacionales- para explotar recursos ricos en gas y petróleo, maderas y agricultura con el desplazamiento de los nativos.

El conflicto con los indígenas ha supuesto la mayor crisis en el segundo mandato del presidente Alan García, que el miércoles reconoció que cometió una sucesión de errores, y pidió a sus compatriotas «calma, serenidad y confianza».