Consejo europeo en Bruselas
La UE despeja el camino para que Irlanda ratifique el Tratado de Lisboa
La UE asumió las demandas de Irlanda para poder someter de nuevo a referendo el Tratado de Lisboa y aceptó blindar las garantías jurídicas para convocarlo, incluyéndolas en un protocolo con igual valor jurídico que los tratados pero sin necesidad de ratificación. La consulta será en octubre.
GARA | BRUSELAS
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) levantaron ayer en Bruselas el último escollo para que Irlanda celebre una segunda consulta con altas posibilidades de éxito sobre el Tratado de Lisboa, que entraría en vigor a finales de año, superando un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la Unión.
«Creo que podríamos estar preparados para organizar un referendo a principios de octubre», declaró satisfecho el primer ministro irlandés, Brian Cowen, al término de una cumbre en la que Dublín arrancó las garantías jurídica reclamadas a los dirigentes comunitarios para celebrar la consulta.
Irlanda es el único país europeo que no ha aprobado hasta el momento el Tratado de Lisboa, que requiere la ratificación de los 27 para entrar en vigor. Polonia y República Checa todavía no lo han ratificado técnicamente y en Alemania se está pendiente de una decisión judicial. Pero el problema mayor hasta ahora era Irlanda, cuya ciudadanía rechazó el Tratado en junio de 2008.
Dublín pedía una serie de garantías sobre aborto, neutralidad militar, derechos sociales y autonomía fiscal, y los mandatarios europeos han terminado por certificar que el Tratado no alterará en ningún caso las especificidades irlandesas, con el fin de que esta vez los irlandeses voten «sí». Además, no se reducirá el tamaño de la Comisión Europea, como preveía el Tratado, sino que seguirá habiendo un comisario por país.
Su aprobación permitiría desatascar el proceso de construcción europea y fortalecer la capacidad de toma de decisiones del bloque, mejorando su eficacia y reforzando su peso en el mundo. «Estas garantías son suficientemente sólidas para disipar el temor de los irlandeses sobre el Tratado», dijo el primer ministro checo, Jan Fischer, cuyo país ejerce hasta el 30 de junio la Presidencia comunitaria.
Aunque las concesiones reclamadas por Irlanda estaban garantizadas desde el principio de la cumbre, la polémica había girado en torno a cómo enmarcarlas jurídicamente.
Cowen llegó a la cita europea con el objetivo de conseguir un texto equivalente a un Tratado, que requiriera la ratificación de todos los estados de la UE, una idea que ponía los pelos de punta a muchos estados miembros, temerosos de volver a abrir un proceso que enterrara definitivamente el Tratado.
Las principales reticencias fueron expuestas por el primer ministro británico, el laborista Gordon Brown, quien debilitado políticamente, podría perder las elecciones legislativas frente a los conservadores de David Cameron. Éste prometió que si se convierte en primer ministro someterá el Tratado, ya ratificado por vía parlamentaria, a una consulta en el que el «no» tendría muchas posibilidades de ganar en uno de los estados más euroescépticos de la UE.
Finalmente, los Veintisiete aprobaron una decisión del Consejo Europeo que contiene esas garantías, que será jurídicamente vinculante y que entrará en vigor cuando se empiece a aplicar el Tratado de Lisboa, sin necesidad de ratificación.
Pero los Veintisiete se comprometen, además, a que estas garantías acaben incluyéndose en un protocolo, más blindado desde un punto de vista jurídico, que podría adjuntarse, por ejemplo, al Tratado de Adhesión de Croacia para su ratificación en 2010 ó 2011.
Acuerdo descafeinado
Durante la cumbre de Bruselas, Gran Bretaña logró descafeinar la reforma propuesta por la Comisión Europea del sistema comunitario de supervisión bancaria, cuyo objetivo es prevenir nuevas crisis como la actual. El resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE acabaron cediendo a las preocupaciones británicas a cambio de obtener un acuerdo de mínimos que permita a Bruselas presentar sus propuestas legislativas en otoño. El objetivo es que la reforma, empiece a aplicarse en 2010.
Londres amenazaba con vetar la reforma por su oposición a ceder poderes a nuevas autoridades europeas de supervisión, que ejercerán de mediadoras cuando haya discrepancias entre los reguladores estatales de los países en los que opera una entidad transfonteriza.
Para aplacar estas reservas, en las conclusiones de la cumbre se deja claro que «las decisiones adoptadas por las autoridades europeas de supervisión no deben afectar de ninguna manera a las responsabilidades fiscales de los estados miembro». Es decir, cuando haya que intervenir para rescatar a un banco, la última palabra seguirá estando en manos de los supervisores estatales. Falta ver cómo se concretará este principio en la legislación.
«He garantizado que el dinero de los contribuyentes británicos quedará adecuadamente protegido», señaló el premier británico, Gordon Brown.
José Manuel Durao Barroso obtuvo el jueves por la noche el apoyo de los líderes de los Veintisiete para un segundo mandato como presidente de la Comisión Europea, pero se enfrenta ahora a una dura batalla para obtener la confirmación de los eurodiputados, muchos de los cuales le son muy hostiles.
El ex primer ministro portugués no quiso cantar victoria en la cumbre europea que le encarriló en el camino para igualar la marca del francés Jacques Delors, que presidió la Comisión entre 1985 y 1995. Sobriamente, declaró que «será el Parlamento el que decida».
La decisión unánime de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de apoyar su prórroga al frente del Ejecutivo comunitario se asemeja más a una elección por defecto que a una voluntad entusiasta.
Sus detractores le acusan de falta de dinamismo, de haber reaccionado tardíamente a la crisis económica y de mostrarse demasiado dócil ante los grandes estados de la UE. Quizá por ese motivo, los líderes europeos se limitaron a expresar sólo su «apoyo político» a Barroso, dejando su nombramiento oficial en manos del Parlamento.
Aunque el portugués cuenta con el voto de los diputados conservadores, que en las elecciones europeas del 7 de junio revalidaron su mayoría en el hemiciclo, serán necesarias alianzas para imponerse a la oposición férrea mostrada por los socialdemócratas, segunda fuerza política, y los Verdes, que suman 235 escaños frente a los 264 de la derecha. El resto de fuerzas políticas, como los liberales, que disponen de 80, todavía no se han pronunciado claramente.
El principal problema es la fecha en la que debería votarse su reelección. La mayoría de los líderes comunitarios instaron el jueves a no perder tiempo y confirmar a Barroso en el cargo durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Eurocámara, a mediados de julio, con el fin de contar con una Comisión sólida en tiempos de crisis económica.
Pero la oposición parlamentaria está dispuesta a hacer esperar a Barroso hasta que se conozca el resultado del segundo referendo en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa, que reformará la Comisión Europea. «Mi grupo se opone a la prisa indecente con la que los dirigentes europeos tratan de obtener la confirmación de Barroso y votará en contra» si ésta es sometida en julio a la votación del pleno, advirtió el líder del grupo socialista, Martin Schultz.GARA
