El Consejo Europeo de Bruselas concluyó ayer con más nervios de los previstos. Tras negociar durante buena parte de la noche del jueves al viernes, los funcionarios de los estados y de la UE consensuaron un acuerdo complejo para responder a las exigencias irlandesas de que las concesiones pactadas para poder convocar un segundo referéndum se concretasen en garantías jurídicas, es decir, cómo dar validez jurídica al compromiso político. Conviene apuntar, en primer lugar, que ese compromiso ha sido caracterizado como una «decisión»: entre los actos jurídicos comunitarios, la decisión aparece en un tercer nivel y se define como un acto administrativo de carácter obligatorio en todos sus elementos que vincula y tiene aplicación directa sobre los destinatarios a quienes va dirigido expresamente -puede tratarse de ciudadanos, empresas o gobiernos de estados miembro-; mediante una decisión, las instituciones comunitarias pueden requerir, de un Estado miembro, que realice o se abstenga de realizar una acción determinada. Ésta ha sido, pues, la solución que han hallado los servicios jurídicos de la UE para salir del atolladero irlandés. Una solución técnica que, en realidad, va dirigida a ganar tiempo, el suficiente para que los irlandeses puedan ratificar el Tratado de Lisboa en otoño, algo que, obviamente, no está en absoluto garantizado. La decisión del Consejo y las garantías que contempla acabarán transformadas en un protocolo adjunto a los Tratados lo que, de acuerdo a las normas comunitarias, exigiría que fuera ratificado por los Veintisiete... pero no será así porque el Consejo Europeo argumentó ayer que dicho protocolo es perfectamente compatible con el Tratado de Lisboa. Una argucia técnica y retórica, desde luego, porque es obvio que éste y otros protocolos con cláusulas de excepción para determinados estados miembros rechazan el espíritu y algunas políticas comunitarias fijadas por los tratados.

En cualquier caso, lo realmente relevante de esta disputa que se ha originado en torno a las garantías jurídicas que exigía Dublín (para poder presentarse ante sus ciudadanos como alguien que ha defendido con éxito el «interés nacional» ante la UE) no es la forma técnica que se le haya dado, sino el fondo: una vez más, se demuestra que ésta es una Unión absolutamente a la carta. Si el texto de Lisboa es finalmente ratificado por Irlanda y firmado por los presidentes checo y polaco, la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la UE tras las modificaciones introducidas en Lisboa tendrá, con este último pactado ayer en Bruselas, 38 protocolos, dos anexos y 65 declaraciones adjuntas, que ocupan prácticamente la mitad del texto total.

¿Qué credibilidad tiene el actual sistema de reforma de los tratados si, ante el primer inconveniente -«no» de Irlanda-, se vuelve a retocar lo pactado y a modificar el Tratado? De igual modo podría exigir ahora cualquier otro socio renegociar éste o aquel punto y exigir una cláusula en temas de «interés nacional». De hecho, ¿qué mensaje se le está enviando a los presidentes polaco y checo, que todavía no han firmado la ratificación del Tratado de Lisboa? Y, sobre todo, ¿cuál es el mensaje que recibirán los ciudadanos europeos? Y es que las concesiones acordadas con Dublín no sólo responden a las tradicionales cuestiones de «interés nacional» de Irlanda, como podría ser la neutralidad, lo cual podría ser comprensible; esas concesiones afectan a temas directamente relacionados con la arquitectura institucional y con políticas comunitarias, y han alterado, entre otras cosas, la configuración pactada para la Comisión, que no es un tema menor. Pero afecta, además, a temas de fiscalidad o a una cuestión tan importante como la del aborto. La Unión Europea es, cada vez, menos unión y las políticas comunitarias que adopta son cada vez menos comunitarias, incluso en temas tan relevantes como los derechos sociales de (se supone) todos los europeos.