«Para deponer la manifestación tenemos que sentarnos a conversar Gobierno, empresarios forestales y pueblo mapuche en una mesa de negociación, no de trabajo», aseguró a la agencia IPS Juan Carlos Curinao, lonco (jefe) de la comunidad mapuche de Temucuicui, respecto a la movilización indefinida iniciada el 23 de julio. El día 7 un centenar de líderes mapuche acudieron a Santiago de Chile para entrevistarse con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que no les recibió y a quien dejaron una carta advirtiéndole del inicio de las protestas en caso de que sus demandas no fueran atendidas.

Los mapuche cumplieron su palabra y el día 23 comenzaron a ocupar terrenos que reclaman propios y anunciaron el inicio de los trabajos en ellos.

Las ocupaciones fueron respondidas por la Policía con desalojos y los consiguientes enfrentamientos y detenciones. El agravamiento de la situación llevó al Gobierno a enviar a Wallmapu al subsecretario de Interior para supervisar la función policial y coordinar «políticas de interés indígena».

Las autoridades, que reconocen que existe una «temática indígena que se debe enfrentar y que tiene que ver con aspectos sociales, políticos y culturales más profundos», acusaron a siete de las 2.800 comunidades indígenas del país de realizar «acciones violentas» que «no vamos a permitir».

Los dirigentes mapuche denuncian que el Gobierno chileno ha militarizado la zona y no tiene voluntad política para poner fin al conflicto que vive la región asignando a las comunidades indígenas sus tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales o agrícolas.

Paralelamente, el pasada semana, el llamado «Comando Hernán Trizano», grupo paramilitar que operaría en la Araucanía chilena, anunció su reactivación amenazando con em- plear dinamita para acabar con las comunidades mapuche conflictivas si las demandas por la tierra no cesan. Dirigentes y comuneros de Temucuicui anunciaron que presentarán una querella penal en base a la «Ley Antiterrorista» contra ese grupo que también actuó en el pasado por las amenazas proferidas de «hacer explotar» a los indígenas que demandan tierras.

Sin embargo, pese a la represión policial y de las amenazas, Curinao afirmó que «resistiremos y no bajaremos la guardia porque estamos luchando por un derecho noble», y recalcó que la actitud del Gobierno y de los carabineros endurece más la postura de las comunidades indígenas que sólo buscan recuperar lo que les pertenece.