El ex militar que en noviembre pasado apuñaló al joven antifascista Carlos Palomino en el Metro de Madrid fue condenado ayer a 26 años de prisión. Si bien fue absuelto del delito de tenencia de armas y de amenazas, se le aplicó la agravante de discriminación ideológica. Es preciso recordar que la sentencia viene precedida de importantes movilizaciones de protesta y en solidaridad con la familia del joven fallecido, por lo que el proceso contra el ex militar no ha pasado desapercibido.

No son muy corrientes sentencias de esa contundencia contra miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado; sin embargo, sí son alarmantemente numerosos los casos en los que personas de los diferentes cuerpos armados se ven involucrados en episodios a menudo con final trágico como el del apuñalamiento de Carlos Palomino, en peleas callejeras, en agresiones a mujeres, en no pocos casos a la propia pareja... Esa profusión estadística no invita precisamente a la tranquilidad del ciudadano en proximidad de quien se supone que su labor es la de garantizar la seguridad de aquél, pero sí debería llevar a reflexionar sobre la formación de los uniformados, cuál es el objetivo de la misma y cómo se lleva a cabo. En definitiva, a qué tipo de «profesionales» se encomienda la defensa de qué.