Después de que Amnistía Internacional denunciara que «la investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad», los principales sindicatos policiales criticaron al organismo internacional al entender que sus denuncias descansan «en una descalificación permanente, de trazo grueso, sin respeto a uno de los pilares básicos de un Estado de Derecho: el Poder Judicial». «La impunidad en las torturas no existen en España. Y Amnistía Internacional lo sabe», concluyó, al respecto, el sindicato CEP.