Arantxa MANTEROLA

A pesar de una normativa legal más bien abundante, el Gobierno es consciente de que dichas leyes o no se aplican o se aplican mal. Tanto es así, que el ministro de Trabajo Xavier Darcos ha convocado recientemente a las organizaciones sindicales para darles cuenta de su intención de elaborar un nuevo texto legal que simplifique las disposiciones actuales y establezca sanciones a quienes las contravengan.

El borrador de trabajo que ha preparado el Ministro se basa en el informe sobre la igualdad profesional que fue solicitado por el propio gobierno a Brigitte Grésy que hizo entrega del mismo en julio pasado. Grésy propuso dos ideas innovadoras para la nueva ley. Por un lado, introducir en un espacio de seis años una cuota de 40% de mujeres en los Consejos de administración y en los de Control de las empresas públicas y de las sociedades que coticen en Bolsa y, por otro, instaurar sanciones financieras para las empresas que no actúen en favor de la igualdad salarial.

Parece ser que Darcos ha recogido la esencia de estas propuestas ya que plantea tres grandes líneas para la nueva ley. La primera, simplificar las disposiciones legales y hacerlas más comprensibles con el fin de que la obligación de incluir la cuestión de la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres esté presente en las negociaciones anuales. El segundo eje consiste en favorecer el acceso de las mujeres a la actividad laboral y a responsabilidades de dirección. Para ello, el documento plantea, entre otras disposiciones, que se limite el número de mujeres con empleo parcial obligado y se fijen cuotas de participación en los consejos de administración. En tercer lugar, sugiere medidas contra las empresas que no respeten estas reglas. Entre las sanciones evocadas, están la publicación de listas con el nombre de dichas empresas o la implantación de un sistema de bonus-malus.

Cuotas «a la noruega»

El planteamiento de cuotas inspirado en el modelo noruego, sin embargo, origina controversia. El propio Ministro de Trabajo se declara «escéptico» con la medida aunque la proponga mientras que la secretaria de Estado para la familia, Nadine Morano, lo considera un «mal necesario». Lydie Delmas, responsable de los derechos de la mujer en la CGT tampoco es partidaria pero reconoce que «como ocurre en política, por lo menos, permite poner el tema sobre la mesa».

En general, los sindicatos, -aun estando totalmente de acuerdo con el objetivo perseguido con la nueva ley- no se muestran muy convencidos del posible resultado. Así, Delmas afirma que «el arsenal legislativo existe ya pero no se aplica». Además, junto al gobierno que no obliga a cumplir las leyes, hace responsable del estado de cosas a las empresas y también a los sindicatos e, incluso, a los propios trabajadores. «En los comités de empresa hay muy pocas mujeres y las que hay casi nunca ponen estas cuestiones a debate» manifiesta Delmas.

Su camarada de Ipar Euskal Herria, Michèle Chartier (CGT-Educación), recordaba recientemente en una rueda de prensa en Baiona que todas las estadísticas confirman que la discriminación de la mujer en el plano laboral es una realidad. Denunciaba la falta de «compromisos reales y de dispositivos de control» si bien añadía que «las cosas no cambian sólo con leyes»; una aseveración con la que coincide Catherine Duboscq, secretaria general de la CFDT de Aquitania, que opina que se trata de «problemas de sociedad muy complejos» que van más allá del plano legislativo. Duboscq aboga más bien por incitativas, como por ejemplo, que las instituciones ayuden a las empresas que se esfuercen en conseguir la paridad.

LAB, que se pregunta «si no estaremos otra vez en ante una declaración de intenciones», estima que la solución legislativa «siempre y cuando haya una voluntad real» debe venir de una ley-marco. «El Código de Trabajo recoge ya la discriminación pero lo hace globalmente. Coincidimos con las reivindicaciones de las organizaciones feministas en que es necesaria una ley-marco que contemple todas las formas de discriminación y agresión contra las mujeres sean en el mundo laboral, en casa o en la calle» indica Amaia Fontang.

Tras la presentación del borrador, sindicatos y patronal tienen hasta fin de mes para responder al ministro sobre si desean o no consensuar los temas propuestos. Si deciden participar en la elaboración de la ley, deberán apresurarse porque Darcos ha fijado el 15 de febrero de 2010 como fecha tope para presentar el proyecto de ley.