Una amplia representación de la izquierda abertzale en Nafarroa tocó ayer la puerta de la sede del Gobierno de UPN. Llevaban bajo el brazo una propuesta que introdujeron en el registro de Diputación y que tiene como pieza principal un decálogo para forzar un «cambio de rumbo radical» en las políticas socioeconómicas aplicadas en el herrialde. No sólo se trató de un acto testimonial, sino que pretenden que ese texto sirva para impulsar una alternativa de izquierdas, tras censurar que no existe ningún tipo de oposición así en las actuales instituciones.

Como muestra del valor que se quiere dar a la iniciativa, la respaldan trece alcaldes y más de un centenar de concejales de la izquierda abertzale, muchos de los cuales se reunieron ayer ante la sede del Ejecutivo de UPN. Con el alcalde de Etxalar, Patxiku Irisarri, y el concejal de Uharte Xanti Kiroga como portavoces, subrayaron antes que nada que las políticas del Gobierno navarro «no responden a las necesidades de la mayoría de la población».

Ofrecieron datos clarificadores para avalar esta tesis. Por ejemplo, que entre 2008 y 2009 el Gobierno navarro ha gestionado 858 EREs y sólo rechazó once. «Esta situación ha afectado a 27.754 trabajadores y trabajadoras, de los que finalmente 3.00o han perdido su puesto de trabajo por esta causa».

El paro ha aumentado en este periodo un 60%, hasta superarse la barrera de los 40.000 desempleados (40.653, el 13% de la población activa, con especial impacto en jóvenes, mujeres e inmigrantes). Más datos: el 41% de los jubilados cobra pensiones por debajo del umbral de la pobreza, más de 10.000 familias no cuentan con ingreso alguno, y uno de cada tres parados no percibe ningún subsidio.

En paralelo, sin embargo, los presupuestos recientemente aprobados por UPN, PSN y CDN establecen que cada ciudadano navarro pagará 875 euros al Estado español en concepto de Cupo para el Ejército, las FSE, la Casa Real.... El apoyo público a las empresas privadas ascenderá a 88,5 millones de euros. La partida para el TAV se multiplica por cinco, además de que el Gobierno navarro adelantará el pago de la parte correspondiente al Estado y asumirá los intereses de deuda correspondientes.

El impulso a las privatizaciones sigue siendo otra norma de actuación. Así, citaron que en 1975 sólo el 22% de los presupuestos de sanidad era para la red privada, pero ahora este porcentaje llega hasta hasta el 29%. Y en el ámbito educativo, el sector privado se lleva el 36,58% del gasto. En paralelo, se restringe cada vez más la financiación municipal.

No olvidaron la cuestión de la vivienda: pese a haber 30.000 viviendas vacías se proyecta ya construir otras 78.698 nuevas, creando una macrociudad como Gendulain. «¿Por qué? -se preguntan los electos de la izquierda abertzale-. La respuesta es sencilla: la construcción de viviendas ha sido y es un excelente negocio, aunque no ha traído aparejada la mejora de las condiciones para conseguirla, sino su notable empeoramiento». En este terreno, reclaman una moratoria en la construcción.

El decálogo

Hecho este diagnóstico, los electos de la izquierda abertzale ven imprescindible construir una alternativa de izquierda. Recuerdan que toda esta política «antisocial» se apoya en factores co- mo la exclusión de ELA y LAB o las «prebendas» a UGT y CCOO, pero recalcan también las consecuencias la ilegalización del sector al que representan, las limitaciones a los ayuntamientos o la inexistencia de marcos de participación ciudadana. «Las clases populares son marginadas, salvo a la hora de pagar las consecuencias de la crisis, claro», constataron.

El decálogo plantea que «hay que cambiar el sistema» y propone diez ámbitos de intervención. Los cuatro primeros son apoyo a la vivienda pública de alquiler, rechazo al sistema fiscal y al saneamiento de bancos y multinacionales, incremento del gasto social y supresión de gastos inútiles. Se complementa con iniciativas de «defensa de nuestra tierra», de la autonomía y libertad de las mujeres, de la autonomía municipal, de los servicios públicos, del euskara y de los plenos derechos políticos y sociales.

En detalle, el decálogo propone medidas concretas como aplicar al gasto social el estándar europeo de referencia (desde el actual 17,5% del PIB al 28%), incrementar la renta básica hasta los 804 euros, disminuir el IVA para artículos básicos, triplicar el presupuesto contra el fraude fiscal, implantar la educación infantil y pública gratuita desde el primer ciclo, gravar la vivienda vacía, vaciar Itoitz, paralizar el TAV...