Como cualquier país, como cualquier sociedad, Estados Unidos es un cúmulo de contradicciones. Gracias a la libertad de expresión rigurosamente reconocida por ley y por tradición, una persona puede desfilar con la bandera nazi por una calle sin consecuencias legales. En Europa basta que un historiador o un panadero cuestionen una parte de la historia oficial sobre el nazismo para ir a la cárcel, como si la libertad se pudiese proteger de los brotes autoritarios con métodos autoritarios. Como si la verdad se pudiese legislar. Como si la verdad necesitase de la policía para sobrevivir a las agresiones de la ignorancia.

Pero en Estados Unidos el derecho a la libre expresión irremediablemente lleva a otra contradicción. Al no existir, como en muchos países, la misma figura criminal de la apología del delito, una persona o un grupo pueden incitar al odio. El odio no está prohibido. Solo se puede prohibir los crímenes por odio. El argumento que sostiene esta práctica no es malo: si limitamos a unos su derecho de expresión, unos estarían tomándose atributos sobre otros sobre qué se puede decir y qué se debe callar.

De cualquier forma, en los hechos ni la libertad ni la libertad de expresión son iguales para todos. En los países con gobiernos autoritarios el Estado censura y controla la libertad de expresión; en países capitalistas como Estados Unidos el capital censura y administra la libertad de expresión, ya que un millonario siempre tendrá algunos millones de oportunidades más que un obrero para expresar su voz o para promover su agenda política (to lobby).

Sin embargo, si ante estas contradicciones casi irresolubles fuese necesario elegir entre encarcelar a los locos y revisionistas y tener que escuchar las peores ideas y expresiones de los peores criminales, me quedo con esta última opción. (...)