No todas las vidas valen lo mismo. Es la triste ley del mercado. Tras la muerte por disparos del jefe de brigada francés Jean-Serge Nérin al sur de París, Nicolás Sarkozy, inquieto por los malos resultados electorales, ha querido agitar sus brazos para hacerse ver:

«Trabajaremos para que una pena de 30 años de prisión se aplique sistemáticamente a los que atentan contra la vida de un agente de la autoridad pública». Ahora ya saben los ciudadanos de la República que la vida de un policía vale más que la de cualquier otro contribuyente. Mucho más, por ejemplo, que la de aquellos que murieron a manos de agentes de la autoridad mientras se encontraban detenidos en comisaría, aquellos que recoge Amnesty International en su informe de 2009 «Policías por encima de la Ley». En 1993, Pascal Taïs, de origen magrebí, era hallado cadáver -«un misterio» se dijo- en el suelo de un calabozo de Arcachon, cubierto de sangre y excrementos. Ningún policía fue condenado; la investigación se cerró. Su muerte tampoco mereció ni una miserable palabra del recién estrenado portavoz del Gobierno, Nicolás Sarkozy. Ni entonces, ni en junio de 2006, cuando como ministro de Interior escuchó al Tribunal de Estrasburgo condenando al Estado a indemnizar a la familia del difunto por «ausencia de investigación».

No todas las vidas valen lo mismo. Es lógico por ello que la República ponga todos los medios para dar con los que se la segaron al jefe de brigada. Como es lógico que esos medios no se desplegaran en su momento para encontrar a Jon Anza, hallado ahora cadáver en lo que según un periódico galo es todo «un misterio». No todas las muertes valen lo mismo.