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ANÁLISIS La investigación del caso de Jon Anza

Los focos franceses sólo intentan iluminar la supuesta incompetencia

«Está en marcha todo un trabajo por parte del Estado para despolitizar la cuestión de Jon Anza». Lo afirma la socióloga francesa Isabelle Lacroix. El eco dado a las deficiencias administrativas contrasta con el silencio total sobre acciones policiales españolas en suelo francés. Como dice el proverbio chino, «cuando el sabio señala a la Luna, el tonto mira al dedo». Porque Jon Anza no era uno de esos «sin techo» que se aglomeran ante la estación de Matabiau, sino un militante que acudía a una cita con una organización armada.

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Alberto PRADILLA Periodista

La socióloga francesa Isabelle Lacroix sostiene que «está en marcha todo un trabajo por parte del Estado para despolitizar la cuestión de Jon Anza argumentando las disfunciones administrativas». La frase es una constatación de que para cualquier observador imparcial algo se esconde tras las explicaciones sobre las rocambolescas negligencias supuestamente ocurridas en torno a la muerte de Jon Anza. La Fiscalía de Toulouse, como antes la de Baiona, repite que ahora es el turno de la investigación, que toca «aportar luz» a esa sombra que se extiende desde que Anza llegó a la capital occitana hasta hoy. Y, mientras tanto, la sociedad vasca asiste a una ceremonia de la confusión en la que diferentes instituciones francesas se han subido al ring para dilucidar cuál de todas ellas es la más incompetente.

«Nosotros estamos más interesados en conocer cuáles han sido las disfunciones que han permitido que un cuerpo permanezca diez meses sin identificar en la morgue de un hospital, no nos preocupan las teorías conspirativas», reconocía JeanNoël Gros, el periodista de ``La Dépêche du Midi'' encargado de seguir el caso.

Efectivamente, el cúmulo de negligencias es tan continuado y profundo que serviría para elaborar el guión de una versión renovada de ``La cena de los idiotas''. Un despropósito tragicómico si no fuese porque la víctima directa de la incompetencia administrativa es una familia que ha tenido que sufrir la angustia de no saber qué había ocurrido con Jon Anza durante diez largos meses.

Ahora, los responsables policiales cargan contra el hospital. Guy Sapata, jefe de la Policía Judicial de Toulouse, asegura que la responsabilidad es del centro médico. «No se encontró el cuerpo por una inspección, tuvo que ser un médico el que le contase el caso a un amigo policía para que se destapase», insiste. Desde el hospital, su directora de comunicación, Marie-Claude Sudre, se cierra en banda. «No tenemos por qué justificarnos. Ya hemos hecho públicos nuestros pasos», reitera. De este modo, ambos tratan de eludir que su respectiva institución encabece la lista de candidatos a cargar con la culpa técnica cuando concluya la investigación.

Hasta el momento, los focos franceses se han centrado en tratar de iluminar los errores técnicos de su Administración, que son muchos, para obviar el fondo político del caso.

Entre tanta ineptitud, existe el riesgo de perder la perspectiva. Como dice el proverbio chino, «cuando el sabio señala a la Luna, el tonto mira al dedo». Porque Jon Anza no era uno de esos «sin techo» que se aglomeran frente a la estación de Matabiau y quienes, visto lo visto, corren también el riesgo de perderse en algún cajón de cualquier oficina gala en el caso de fallecer sin llevar el DNI tatuado en la frente. No, éste no es un caso para los servicios sociales. Jon Anza era un militante político que acudía a una cita con una organización armada y que al parecer permaneció en un agujero negro durante diez días, hasta que apareció súbitamente en la terraza de un restaurante en una de las zonas más céntricas de Toulouse.

Es sobre esa semana y media de oscuridad sobre la que debería centrarse la iluminación francesa. Jon Anza llegó vivo a Toulouse, fue allí donde se le encontró en mal estado y sin documentación, y falleció en uno de sus hospitales. Ésa es la sucesión de hechos que debería centrar la investigación policial.

En lugar de ello, en Toulouse se habla de llamadas cruzadas, de faxes sin destinatario y de desidia administrativa. La mayoría de los testigos hacen referencia al «cadáver olvidado en la morgue», reforzando, consciente o inconscientemente, la tesis de los errores técnicos en cadena. En definitiva, se busca determinar qué falló en la cadena institucional para que un cuerpo permaneciese en la morgue durante meses pese a existir un requerimiento de búsqueda.

De lo que no se habla es del contexto político. De la omnipresencia de agentes de la Guardia Civil y Policía española, que patrullan casi sin control en todo el territorio de ese estado jacobino que siempre ha presumido de su propia soberanía en forma de liberté, egalité y fraternité. O de los antecedentes más lejanos, como el GAL, o los más recientes, como la detención ilegal de Juan Mari Mujika. Y la huida de los dos guardias civiles del apartahotel Adagio se intenta mandar ya al cajón del olvido. Como si París hubiese decidido que es preferible aparecer con características de «Estado fallido» a que su propia opinión pública se sume a las sospechas, extendidas en Euskal Herria, sobre si los responsables de esta muerte se encuentran al otro lado de los Pirineos.

«La autopsia determinó una causa razonable que explica la muerte de Jon Anza», aseguraba el director de la Policía Judicial ante la pregunta de si su investigación está considerando la vía de la guerra sucia para esclarecer el fallecimiento del militante vasco. «Con esto respondo parcialmente a la cuestión», añadía, para reiterar que sus agentes miran ahora «dentro y fuera» de las puertas de la comisaría para determinar qué es lo que ocurrió.

El problema es hacia dónde dirigen su mirada. Si existe voluntad real para iluminar los diez días de oscuridad que se tragaron al militante donostiarra o si, finalmente, las pesquisas sólo servirán para que un funcionario galo cargue con una sanción menor por no haber atendido el teléfono a tiempo o no haber entregado un post-it a su superior en el que se avisaba de la presencia de un enfermo indocumentado en el Purpan.

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