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Sabino Cuadra Lasarte Abogado

La horca de Montfaucan

El autor no reivindica aquella horca de París en la que fueron colgados veinte ministros de finanzas entre los siglos XIII y XVIII, pero contrasta ese dato con la tranquilidad de la que gozan ministros y altos cargos relacionados con Hacienda, gobernantes estatales y autonómicos, responsables de organismos internacionales... Tampoco pide la horca para «el terrorismo patronal, bancario y multinacional», que «campa a sus anchas amparado en el cobijo cómplice que le procuran todos sus institucionales», pero sí es partidario de reclamar responsabilidades por la degradación que provocan.

En París, cerca del Canal Saint-Marin, a la altura de L'escluse des Morts, se encontraba en sus tiempos la horca de Montfaucan, fuente de pánico y terror del pueblo parisino. Tenía una altura de veinticinco metros y en ella podían ahorcarse, al mismo tiempo, sesenta personas, a alturas diferentes. El primer nivel se reservaba a malhechores corrientes y el segundo a personalidades. Entre los siglos XIII y XVIII -éste es el dato a retener- se colgó de la misma a veinte ministros de finanzas, o sea, un promedio de cuatro por siglo. La cifra de subordinados suyos también ahorcados -o sea, el equivalente a los que hoy son jefes de Gabinete, directores generales, etc...- no consta, pero debió de ser igualmente espectacular.

Hoy, los ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales, consejeros autonómicos y demás altos cargos de la cosa hacendística viven mucho más tranquilos. A pesar de ejercer su oficio, al igual que en la Francia de entonces, bajo el manto de los Borbones, su situación es ahora bastante más placentera. Y no tan sólo porque ya no exista la pena de muerte por horca, guillotina o garrote vil, algo muy a celebrar y aplaudir, sino porque ha desaparecido para ellos todo tipo de pena.

El Estado español ostenta primeros o principales puestos en la UE en muchos y variados terrenos: el paro, el fraude fiscal, los accidentes laborales, la especulación urbanística, la precariedad laboral, la discriminación salarial y laboral de las mujeres, los bajos impuestos para empresas y empresarios... Todo esto, como es fácil de comprender, no tiene nada que ver con la idiosincrasia local, el Rh o castigos divinos, sino con políticas concretas impulsadas por los gobiernos del PSOE y el PP que hemos tenido en las últimas décadas. Ellos son los que han desmantelado y privatizado bancos, eléctricas, petróleo, teléfonos, industrias...; ellos los que han sometido nuestra economía al dictado de los grandes capitales y multinacionales europeas; ellos los que han subordinado la marcha general de la economía a las exigencias del Banco Central Europeo, el FMI, el G-8, el Banco Mundial...

En el ámbito internacional, las pasadas cumbres de Roma -alimentación- y Copenhague -cambio climático- han evidenciado más que nunca la desvergüenza institucional. Mientras el hambre en el mundo y las muertes por desnutrición derivadas de la misma superaban todos los récords conocidos, los grandes imperios y países -EEUU, UE...- reducían a menos de la quinta parte los mínimos recabados por la ONU. Más grave ha sido, si cabe, el resultado de la cumbre de Copenhague, donde, a pesar de haberse incumplido de forma generalizada los compromisos de la anterior cumbre de Kyoto y dispararse la contaminación ambiental en los últimos años, no ha sido posible alcanzar acuerdo alguno sobre nada. Por supuesto, mientras todo esto ocurría, los distintos parlamentos y gobiernos acordaban poner a disposición de la Banca y las multinacionales más de diez billones de euros.

En latitudes más cercanas, el señor Solbes, ex vicepresidente económico del Gobierno de Zapatero, negó a finales de 2008 que existiera crisis económica alguna y afirmó que se trataba, sin más, de una mera «desaceleración» temporal. No sólo eso, sino que se atrevió a decir que aquello podría servir para «sanear» nuestra economía. Por su lado, nuestro insigne consejero de Economía y Hacienda, Alvaro Miranda, ése que nunca acierta, con mucho, en ninguna de sus predicciones, afirmó a finales de 2009 que la economía foral, no sólo iba bien, sino que «Navarra ha salido ya de la recesión». Y lo dijo tan tranquilo, imperturbable, con esa sonrisa administrativa que le caracteriza.

Todas esas ilustres personas, ministros y jefes de estado, así como las que les precedieron y las que precedieron a las que les precedieron, no responderán por ninguno de sus desaguisados. Son las leyes ciegas de la economía -nos dicen- las causantes de todo. El mercado es así y la Bolsa ni te cuento. Ellos no son responsables de nada. Por el contrario, cuando cesan en sus puestos, o cuando les cesan porque a alguien hay que echar las culpas para tapar las de quienes les despiden, cobran hermosas cesantías y suculentas pensiones vitalicias por los servicios prestados. No sólo eso, sino que, en su calidad de expertos en la cosa, se hinchan a dar charlas, a doblón, en seminarios y encuentros de todo tipo. Para ellos no hay Montfaucan alguno, sino todo lo contrario.

Más insultantes, si cabe, resultan ser los casos de los grandes ejecutivos. Pongamos un ejemplo. En su día los dirigentes del antiguo BBV, Emilio Ybarra y P. Luis Iriarte, tuvieron que dimitir tras el escándalo surgido por las cuentas secretas que el banco tenía en la isla de Jersey, uno de los paraísos fiscales europeos. Los posteriores mandamases del banco, González y Goirigolzarri, pobrecitos ellos, ignorantes de todo lo anterior, acaban de ser golpeados fuertemente por la crisis. El primero se ha embolsado 79,7 millones de euros tras cumplir 65 años y el segundo, jubilado anticipadamente con 55 años, percibirá una pensión de tres millones de euros anuales y una indemnización de 61 millones. Y darán charlas y seminarios de a dos doblones, amén de lo que pillen asesorando a distintas multinacionales, gobiernos y gobiernillos.

La democracia que tenemos es cada vez más escasa y de peor calidad. Mientras los «entornos» de la bicha se extienden sin cesar por todos los rincones sociales y amenazan encausar hasta al Athletic de Bilbao por razones de anticonstitucionalidad, antitransversalidad y atentado contra la libertad de comercio y fichajes, el terrorismo patronal, bancario y multinacional campa a sus anchas amparado en el cobijo cómplice que le procuran todos sus institucionales. Para ellos no hay Montfaucan alguno, pero sí para el populacho. El 28 de abril pasado, Día de la Salud Laboral, los sindicatos han denunciado la responsabilidad criminal de una patronal para la que las personas no somos sino un mero «recurso humano» más a explotar. Las cada vez más duras condiciones laborales -ritmos, turnos, precariedad- van degradando a pasos acelerados la salud física y mental de la población, mientras que la sobreexplotación de los pueblos empobrecidos y las guerras que se exportan a ellos desde Occidente diezman sus poblaciones.

Junto al reparto del trabajo y de la riqueza y la apuesta firme por un modelo social alternativo asentado en parámetros de justicia, democracia, solidaridad y hermanamiento con la naturaleza, es preciso reclamar también responsabilidades concretas a los causantes de tanta ignominia. ¡Que no se nos olvide!

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