Los «camisas rojas» aceptan la oferta del Gobierno, pero piden un calendario
Los líderes de los «camisas rojas» aceptaron el plan de «reconciliación» propuesto por el Gobierno tailandés para poner fin a la crisis política que mantiene paralizado el país, pero decidieron seguir atrincherados en el centro de la capital hasta conocer la fecha concreta de disolución del Parlamento y no la de las elecciones, anunciada para el 14 de noviembre. Dudan de esa cita, porque corresponde a la comisión electoral elegir la fecha.
GARA |
Los miles de «camisas rojas» atrincherados desde hace un mes en el principal distrito comercial y turístico del centro de Bangkok acogieron ayer con júbilo el anuncio realizado por los líderes del Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura al aceptar, aunque con matices, la oferta del primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, que incluye la convocatoria de elecciones anticipadas para el 14 de noviembre. Exigen previamente la fecha de disolución del Parlamento y el fin de las intimidaciones y el uso de la fuerza contra los manifestantes.
En dos anuncios realizados con minutos de diferencia, los «camisas rojas» confirmaron su deseo de dar una solución no violenta a la crisis que mantiene paralizado el país desde el 14 de marzo, y que se ha cobrado la vida de 27 personas, pero acordaron no depositar su confianza en el hombre cuya dimisión reclaman. Piden garantías de que la oferta es respaldada por el resto de formaciones de la coalición de Gobierno y no sólo por el Partido Demócrata.
El jefe del Gobierno, en el poder desde finales de 2008 tras un cambio en las alianzas parlamentarias y gracias al apoyo del Ejército y a algunas decisiones judiciales, anunció una «hoja de ruta» de cinco puntos para la reconciliación del país, que incluye elecciones legislativas el 14 de noviembre, más de un año antes de que finalice su mandato.
Cuestión de competencia
«Hemos decidido, por unanimidad, unirnos al proceso de reconciliación, no queremos la pérdida de más vidas», afirmó el presidente del movimiento antigubernamental, Veera Musikapong. No obstante, añadió que «tenemos dudas respecto a la elección de la fecha, que compete a la comisión electoral y no al primer ministro».
Por eso, Jatuporn Prompan, otro de sus líderes, declaró a Reuters que «queremos que Abhisit nos responda con una fecha clara para la disolución del Parlamento y no con una fecha para las elecciones, y en tal caso volveremos a considerar» su propuesta. Agregó que el campamento instalado en el centro de Bangkok no se levantará «hasta que Abhisit diga claramente cuándo disolverá la Cámara». «La reconciliación debe culminar no bajo intimidación o el uso de la fuerza, sino a través de una verdadera libertad», subrayó.
Fecha crucial
La fecha de las elecciones es un asunto muy importante para las dos partes enfrentadas, teniendo en cuenta que setiembre es el mes en el que se lleva a cabo la remodelación del Ejército y de la Policía y se aprueban los Presupuestos Generales. En caso de que los partidarios del derrocado ex primer ministro Thaksin Shinawatra lleguen al poder antes de esa fecha, podrían llevar a cabo importantes cambios en la poderosa cúpula militar.
Unas horas antes del anuncio de ayer, Thaksin Shinawatra había invitado a sus seguidores a sumarse a la «reconciliación».
El primer ministro, por su parte, advirtió a los «camisas rojas» de que su oferta no es discutible. «Ya no tienen nada que negociar, sólo aceptar o rechazar», dijo. Pero Jatuporn Prompan quiere otra cosa y afirmó que «después del anuncio de la fecha de la disolución, los `camisas rojas' enviarán a sus representantes para discutir el plan de cinco puntos con el Gobierno».
Esta crisis política es reflejo de la brecha que ha crecido en las últimas décadas entre las élites tradicionales de la capital y las masas rurales y urbanas pobres del país. Los «camisas rojas» denuncian la acumulación de privilegios por parte de la élite que gravita alrededor del Palacio Real (militares, jueces, empresarios y altos funcionarios) y exigen el fin de lo que considerar un sistema judicial a dos niveles y una mejor distribución de la riqueza, además de reclamar el retorno al orden constitucional anterior al golpe militar contra Thaksin.
Tuanchai, 70 años, asegura que los monjes que aparecieron hace semanas junto a los «camisas rojas» se mantienen «neutrales» en la crisis tailandesa. Pero pese a la imagen a menudo ambigua del budismo en la política, su discurso es menos unívoco.
«Hemos decidido hacer algo por la paz, la armonía y el amor del pueblo tailandés», afirma, confirmando así su presencia, desde mediados de marzo, entre los «camisas rojas». «Quieren democracia y justicia y espero que todos los monjes y los tailandeses, en general, se unan a ellos», agrega.
En Tailandia, los monjes no pueden votar ni presentarse a las elecciones. Pueden defender los derechos humanos, pero no mantener ninguna actividad política, so pena de recibir una sanción administrativa, e incluso obligados a colgar el hábito.
La realidad es más compleja. Su presencia no es muy numerosa en el distrito donde los «camisas rojas» se atrincheraron, y son pocos los que se dejan ver de forma ostensible. Ellos firman peticiones y rezan por las víctimas desde el escenario levantado por los líderes de los «camisas rojas».
Algunos, con gafas de sol y afiladas varas de bambú, parecen más activistas dispuestos a luchar que monjes impregnados de religiosidad. El hábito azafrán no hace al monje y es imposible verificar la autenticidad de la ropa. Pero la presencia de los religiosos es innegable.
Varios analistas apuntan a que, pese a la imagen que proyecta, el budismo en Asia no es sinónimo de no violencia y, aunque menos activo que en países vecinos, en Tailandia no sorprende que las posturas políticas de los monjes sean reflejo de las de los campesinos. Y añaden que en el norte y noroeste del país, bastión de los «camisas rojas», sienten una posición de fuerza suficiente como para atreverse a exponerse en público sin temor a la reacción de sus superiores. AFP
Una fuente cercana al Gobierno señaló que se está discutiendo la posibilidad de otorgar una amnistía que anule las órdenes de búsqueda y captura contra los 24 líderes del movimiento por «terrorismo» y «ataques a la monarquía».
