Lehendakaritza inició oficialmente el 10 de setiembre de 2009 los trabajos para establecer la estructura orgánica y funcional de la Presidencia. Tardó dos meses y medio, hasta el 26 de noviembre, en su redacción. Una de las reformas sustanciales sobre la época de Ibarretxe fue el aumento de tres a cinco secretarías generales, con dos novedades principales, la de Participación Ciudadana y la de Asuntos Económicos

Según el borrador del decreto, con esta nueva distribución se pretendían potenciar «nuevas vías de participación de los ciudadanos en el Gobierno» y «el área de coordinación económica del Gobierno».

La Ley del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General establece que todo proyecto de ley vaya acompañado de informes de legalidad y económicos. Y todos estos informes se realizaron entre el 29 de noviembre y el 21 de diciembre sobre el esquema de las cinco secretarías generales, incluida la de Asuntos Económicos. Dos de esos informes, en concreto el de la Dirección de Innovación y Administración Electrónica, emitido el 9 de diciembre, y el de la Oficina de Control Económico, del 21 de diciembre, reflejaron que las secretarías de Participación Ciudadana y la de Asuntos Económicos, por carecer de potestades administrativas, podrían ser cubiertas por asesores.

En plenas navidades

Entre el 21 de diciembre, cuando emitió su «informe de control» la Oficina de Control Económico con su «juicio desfavorable», y el 8 de enero, cuando está firmado el decreto por Patxi López, el lehendakari decidió sustituir la Secretaría General de Asuntos Económicos por otra de Comunicación.

Según explicó López en el Parlamento, la decisión no tuvo que ver con los problemas de comunicación a los que por esas fechas había aludido su Ejecutivo a raíz de los malos datos del «Euskobarómetro». Se trataba, simplemente, de que su Ejecutivo «lejos de desoír esos informes, que es lo que se hacía habitualmente, lo que hicimos fue prestarles atención, valorarlos, tenerlos en cuenta y sacar nuestras propias conclusiones».

Y la conclusión fue mantener la secretaria de Participación Ciudadana, pese al informe en contra, y sustituir la de Asuntos Económicos. Pero según el expediente remitido al Parlamento a petición del PNV, la nueva estructura, que supone un cambio de plantilla sobre el primer proyecto, no cuenta con los informes preceptivos que se exigen en la Ley, ni en el expediente figuran, como debieran, «las modificaciones realizadas en el texto del proyecto para adecuarlo a las observaciones y sugerencias de los diferentes informes evacuados», ni justifica «las razones que motiven la no aceptación» de otras.