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Seis meses de abrazos y besos secuestrados en los accesos a los locutorios de las cárceles españolas

Han transcurrido más de seis meses desde que Instituciones Penitenciarias ordenase llevar a cabo cacheos arbitrarios a los familiares de los presos políticos vascos. Medio año, una eternidad para todos aquellos que esperan ansiosos a poder compartir un rato con sus allegados tras cientos de kilómetros de viaje. Algo parece haberse movido, pero denuncias puntuales siguen sucediéndose cada fin de semana.

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Oihana LLORENTE

El comunicado que el EPPK hizo público el 28 de marzo y en el que apuntaba la posibilidad de que el Gobierno español diera marcha atrás y dejara sin efecto la orden de cacheo con palpación a los familiares antes de las comunicaciones vis a vis ofreció un soplo de alivio al colectivo de familiares de presos y presas políticos vascos. Muchos llevaban desde finales de octubre sin abrazar a su hermana, besar a su pareja o acariciar a su hijo preso, y ello después de recorrer, de manera puntual, los cientos de kilómetros que los separan, con la vaga esperanza de que el carcelero de turno no les sometiera a un trato degradante.

Las esperanzas abiertas se han esfumado para muchos nada más pisar la cárcel y observar cómo algunos directores de prisiones no mostraban ninguna intención de abandonar los cacheos. Estos familiares, no uno ni dos sino decenas, se ha visto obligados de nuevo a hacer el trayecto de vuelta sin abrazos ni besos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió, el 30 de octubre del pasado año, una circular a todos los directores de las cárceles españolas. En ella se obligaba a los carceleros a cachear con palpación corporal a los familiares de todos los presos vascos antes de cada vis a vis. Pese a ser solicitada en infinidad de ocasiones, la publicación de esta orden sigue estando restringida, por lo que resulta imposible conocer su contenido exacto, su motivación o cualquiera de los detalles del mandato de Interior.

La letrada Ainhoa Baglietto precisa en declaraciones a GARA que esta circular no cuenta con ninguna previsión, ni en la Ley General Penitenciaria, ni el reglamento que la desarrolla, cuando se trata de un precepto obligatorio ante una excepción como esta. Describe, asimismo, que para la aplicación de esta norma es indispensable que exista una motivación particular e individual, exigencia que no ha existido en los cacheos a los allegados vascos, que han sido generales y arbitrarios.

Han sido centenares las quejas y denuncias interpuestas por los familiares tanto en las mismas cárceles como en los juzgados correspondientes, o incluso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional española. En las mismas, los familiares y sus letrados insisten en que los cacheos pueden contradecir y vulnerar el derecho al respeto a la vida privada, que está recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Pese a que la mayoría de estas denuncias no han sido resueltas, en marzo los jefes de servicio de algunas prisiones españolas notificaron a algunos reclusos vascos que la orden de cacheos había sido suspendida y que en adelante, en caso de existir cacheos, deberían de ser concretos y motivados.

Esta notificación, sin embargo, no parece haber llegado a todas las prisiones, o por el contrario algunos directores de prisiones no parecen tener intención alguna de suprimir el mandato recibido en octubre pasado.

Obstáculo añadido

Aunque en un principio se valoró de manera positiva este giro de Instituciones Penitenciarias, Baglietto advierte de que en algunas prisiones ha acarreado un obstáculo más tanto a los presos como a sus familiares. Y es que para que todos los allegados que acuden desde Euskal Herria no sean cacheados a la vez, los carceleros están haciendo todo lo posible para que estos no coincidan en los accesos a las visitas, cambiando de módulo a los presos y/o variando sus horarios de visita.

Una grave consecuencia de esta modificación son los desplazamientos a las prisiones. La gran mayoría de los familiares, especialmente los que tienen encarcelados a sus allegados en los lugares más remotos de la geografía española, organizan los viajes de manera conjunta. De este modo, además de reducir el perjuicio económico que supone la dispersión, protegen su seguridad limitando las horas al volante de los conductores o, también, gracias a la labor altruista de chóferes voluntarios como los de Mirentxin.

Al modificar los horarios de visitas y de los vis a vis, compaginar los viajes se ha convertido en tarea imposible para muchos familiares. Ése es el caso de los allegados que deben viajar, por ejemplo, hasta la cárcel de Badajoz. Mientras que antes todas la visitas tenían lugar los sábados, ahora han sido divididas entre el sábado y el domingo, por lo que ahora son dos las furgonetas que viajan cada fin de semana rumbo a la ciudad extremeña, redoblando el coste económico al que tienen que hacer frente los familiares y multiplicando también la posibilidad de sufrir un accidente en la carretera.

A los familiares que deben viajar hasta la cárcel gaditana de Puerto también se les ha enmarañado aún más la situación; y es que además de las 22 horas que deben pasar en el autobús, padecen numerosas horas muertas ante la cárcel en espera de que todos los allegados tengan su visita de 40 minutos para poder volver de nuevo a casa.

Agresiones incitadas por carceleros

La circular que instaba a cachear a los familiares de presos políticos vascos fue considerada desde el primer momento como una medida ad hoc contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos y sus familiares. Sin embargo, algunos carceleros intentaron maquillar este nuevo ataque cacheando también a familiares de presos sociales. Esta actitud ha acarreado situaciones como las vividas por los prisioneros políticos vascos Diego Ugarte y Unai Bilbao el pasado 12 de abril en la prisión de Puerto II. Allí fueron atacados por varios presos comunes a quienes previamente, según denunció el movimiento pro amnistía, los carceleros les incitaron a ello al hacerles creer que la situación generada era culpa de los vascos.

Esta medida de cachear a los familiares, que está crispando el ambiente en la cárceles, parece haber rebasado las fronteras del Estado español, ya que esta misma semana se ha sabido también que fueron cacheados los familiares que se desplazaron hasta la cárcel francesa de Clairvaux.

Desde de que a finales de octubre se impusiera esta normativa han sido miles los vis a vis perdidos por los presos políticos vascos. Son muchos los que desde entonces no han tenido ningún contacto físico con sus seres queridos. Y aun sabiendo que detrás de cada preso hay una historia propia, en estas líneas se recopilan algunas de ellas que reflejan la crueldad padecida en los accesos a los locutorios de las prisiones.

En diciembre del pasado año, los carceleros de la prisión de Soria obligaron a desvestirse a un amigo discapacitado del preso Gaizka Gañan cuando intentaba acceder a la visita. Nunca antes había tenido problemas para realizar las visitas; incluso los propios carceleros le cedían unas muletas de madera para poder pasar por el detector de metales. El turno de carceleros que le tocó el 6 de diciembre, sin embargo, además de denegarle dichas muletas, le obligó a quitarse los pantalones, pese a no poder hacerlo por sí mismo, y también las gafas, perdiendo por tanto casi toda la visibilidad.

Los cacheos, además, no parecen entender de edades, ya que incluso niños de 21 meses han sido obligados a pasar entre las manos de los carceleros. Ese fue el caso del hijo del preso donostiarra Xabier Tximeno, que tras realizar los 570 kilómetros que separan Donostia de Valencia tuvo que volver a realizarlos sin ver a su aita.

Esta estrategia busca, a juicio de los propios familiares, «apretar aún más las tuercas», y ha acarreado castigos e incluso detenciones de allegados. Ese fue el caso del padre de Iñaki Peña, que llegó a ser detenido durante varias horas en la prisión de Curtis tras negarse a ser cacheado con palpación. El veto impuesto, esta misma semana, al hermano del preso Paul Asensio, prohibiéndole la entrada a la cárcel durante nueve meses, es un ejemplo más de esta estrategia de acoso a los familiares. Castigo, además, que por desgracia es bien conocido ya entre los familiares.

Asimismo, con la finalidad de fracturar el colectivo de familiares, en los cacheos aleatorios que están teniendo lugar en algunas prisiones se ensañan siempre con las mismas personas, lo que ha llevado a pensar a Etxerat que quizás los carceleros estén realizado «listas negras de familiares».

Con objeto de hacer frente a estos cacheos se han realizado infinidad de protestas tanto dentro como fuera de las prisiones. Los presos políticos vascos que se encuentran en la cárcel de Almería son un claro ejemplo de ello, ya que se encuentran realizando chapeos semanales desde noviembre del pasado año. El masivo plante que realizó todo el Colectivo de Presos Políticos Vascos en febrero negándose a realizar los vis a vis es otra muestra de su lucha.

Pese a las duras consecuencias personales que acarrea no realizar los vis a vis, Etxerat ha advertido recientemente que «está dispuesta a trasladar la dinámica de interpelación y denuncia hasta donde haga falta» con el fin de conseguir unas condiciones dignas en las que realizar los vis a vis.

Medio año sin tocarse y castigados tres meses sin verse

Aitor Liguerzana fue apresado en noviembre del pasado año en el operativo que se saldó con el arresto de 34 jóvenes independentistas y lleva desde entonces sin poder abrazar a nadie del exterior. Su madre, su compañera y un primo han sido sancionados por negarse a ser palpados por los carceleros, por lo que además de no poder sentirlos, tampoco los han podido ver en los últimos tres meses.

Naroa López Susaeta es la compañera de Liguerzana y recuerda que cuando éste fue encarcelado en Soto del Real, los presos políticos vascos apresados allí ya se encontraban en lucha y sin admitir los vis a vis, debido a los cacheos con palpación a los que pretendían someter a los familiares. Perdidos los vis a vises correspondientes a noviembre y diciembre, apunta que es en enero y con motivo de la dinámica de lucha que emprende el EPPK cuando los presos políticos vascos acceden a intentar mantener vis a vises. A López le asignan el primer vis íntimo para el 22 de enero. Es la única familiar desplazada desde Euskal Herria y cuando se dispone a entrar los funcionarios la obligan a meterse en un cuarto para someterla al cacheo. Ella se niega y vuelve a Euskal Herria sin poder estar con su compañero. Cinco días después vuelve a la prisión madrileña ya que se dispone a casarse, pero antes es obligada a pasar un «duro» cacheo. La descalzan, la obligan a abrir los brazos y los funcionarios tocan todo su cuerpo por delante y por detrás, «siendo incluso en algunos momentos molesto, debido a lo que aprietan», denuncia. Recuerda que la habitación donde la apartan del resto es tan pequeña que no cabe en ella con los brazos abiertos.

Tras el cacheo, consigue entrar y estar con su compañero por primera vez desde su arresto, pero también es la última ocasión en que lo ve. Dos días después de la boda, vuelve a la cárcel, esta vez con la madre y un primo del preso, para realizar el vis a vis familiar. Allí es donde le notifican que está sancionada sin vis a vises ni visitas durante los próximos tres meses.

No será la única. Todos los allegados vascos que viajan el último fin de semana de enero a Soto del Real reciben el mismo castigo, algunos de ellos además, sin ni siquiera haberse negado a ser cacheados. Oihana LLORENTE

Imagen de Naroa López Susaeta.

CONDENA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Gran Bretaña al estimar que las atribuciones otorgadas a la Policía para retener y cachear a los ciudadanos vulneran el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

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