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El colectivo de trabajadores de Heldu está en contra del nuevo dispositivo de ayuda
El personal del servicio de atención jurídico-social a personas inmigrantes extranjeras de la CAV opina que las medidas tomadas por Lakua para sustituir sus servicios son insuficientes y que no se responderá adecuadamente a las necesidades de asesoramiento de los usuarios.
Nagore BELASTEGI
El colectivo de trabajadores de Heldu, el servicio de atención jurídico-social a personas inmigrantes extranjeras que se cerró el pasado jueves, denuncia que las medidas tomadas por el PSE no son suficientes para que el asesoramiento que necesitan sea totalmente efectivo.
Después del cierre de Heldu entró en funcionamiento el dispositivo diseñado por Lakua, que consiste en una linea telefónica 900 y una dirección de correo electrónico. La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, explicó que Heldu no se ha cerrado, sino que ahora el encargado de asesorar a los inmigrantes que soliciten ayuda será la Dirección de Inmigración.
Silvia Gutiérrez, la ex coordinadora del Servicio Heldu, se queja en nombre de sus compañeros de que las medidas tomadas no son suficientes para resolver los problemas que se les plantearán, ya que los usuarios del Servicio se encontrarán con gente que no está formada para ese cometido. Antes, el asesoramiento de Heldu lo prestaban doce letrados y nueve técnicos informadores, especializados en la materia, por lo que podían ofrecer los mejores consejos a los inmigrantes que necesitaban ayuda. Con la medida que han implantado, según Gutiérrez, el Gobierno de Lakua demuestra que le tiene poca estima al trabajo que esos profesionales realizaban, y cree que los derechos de los más débiles se verán afectados.
Además, los trabajadores de Heldu han dicho que mediante la línea 900 se ofrecerá un servicio de asesoramiento por descenso de nivel a nivel, puesto que primero les atenderán los trabajadores base, que no están preparados para este tipo de trabajo, y Biltzen, servicio que sí está bien preparado, está en un segundo nivel. Por eso, Gutiérrez plantea la duda de sobre quien caerá la responsabilidad civil si una actuación es incorrecta, puesto que un asesoramiento erróneo puede tener graves consecuencias.
Los trabajadores han aclarado que si los inmigrantes no consiguen una situación legal, solamente tienen derecho a asistencia sanitaria y a la educación obligatoria hasta los 16 años, y que sin el asesoramiento individualizado adecuado no pueden acceder al mercado laboral para poder vivir sin dependencia con los servicios sociales.
El PNV, por su parte, aboga por que Lakua vuelva a abrir Heldu porque considera que su cierre deja desatendido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en momentos de crisis económica. Nerea Melgosa, la concejala del PNV en Gasteiz, anunció que su partido propondrá al PSE que reconsidere su decisión, porque de este modo la dependencia del colectivo de inmigrantes respecto a los servicios sociales será crónica y su integración laboral será más difícil.
Los viejos expedientes
Otra duda que plantea Silvia Gutiérrez es qué pasará con los expedientes abiertos en Heldu. Advierte de que hay mucha gente que tras haber pasado mucho tiempo intentando integrarse en la sociedad, que ha hecho largos viajes para llegar hasta aquí o ha pasado años trabajando, está a un paso de conseguir la regularidad documental, y que si no se sigue trabajando con esos expedientes perderán todo lo desarrollado hasta ahora.
Gutiérrez cita a uno de los usuarios de Heldu, quien opina que ahora «hay que volver a empezar», y que se queja de que el gobierno de su país no es tan diferente al de éste.
A fecha del cierre, el 15 de julio, había 1.600 de los 33.000 expedientes que Heldu ha tratado aún en vigor, a los que Gemma Zabaleta prometió seguridad total con el nuevo dispositivo de ayuda.
El servicio Heldu empezó a funcionar en 2002 en Bizkaia. Un año más tarde se hizo hueco en Gipuzkoa y Araba, al amparo del principio de ciudadanía. Durante casi 8 años Heldu ha ayudado a miles de inmigrantes.