El Estado español ha sido el último en tomar medidas contra el servicio de Google «Street view». Los coches que recorrieron el Estado para reproducir las calles en tres dimensiones para el servicio de mapas de Google, recabaron información privada a través de las redes de internet inalámbricas abiertas. Google reconoce que eso es cierto y ha pedido excusas, alegando que fue un error. El propio presidente de la multinacional, Eric Schmidt, declaró en el «Financial Times»: «Hemos metido la pata», pero su representante legal deberá ofrecer más explicaciones ante un tribunal madrileño.

Los coches que recorrían las calles sacando fotos para realizar recorridos virtuales para los mapas de la compañía norteamericana iban equipados con dispositivos que localizaban las líneas inalámbricas abiertas, las georreferenciaban y, además, se introducían en ellas para recabar datos de sus usuarios.

Uno de los promotores del proceso contra Google, Miguel Ángel Gallardo, explica que el dispositivo funciona como un «interceptador y grabador de conversaciones de teléfono, pero con una diferencia: mientras que si alguien interviene una conversación de teléfono escucha unos instantes y sólo obtendrá información interesante si tiene suerte, con un dispositivo informático se pueden hacer búsquedas por palabras claves y acceder así en cualquier momento a los datos que verdaderamente a uno le interesan».

Gallardo se plantea dos cuestiones, ¿qué es lo que buscaban? y ¿para quién estaban haciendo ese trabajo? Lo que queda totalmente descartado para el promotor de la denuncia es que todo se trate de «un error», como trata de plantear la compañía.

El próximo 4 de octubre, el representante legal de Google en España tendrá que comparecer ante el juzgado de Instrucción número 45 de Madrid para aclarar qué recopilo a través de sus dispositivos. No obstante, fuentes consultadas por este periódico apuntan a que a lo largo de esta semana puedan plantearse otras denuncias contra Google por este mismo motivo, con lo que el caso probablemente acabará en manos de la Audiencia Nacional.

La compañía se ha limitado a aclarar que su representante legal «responderá a todas las preguntas de la juez» y que su objetivo será «eliminar los datos conforme a las obligaciones legales». Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió en mayo una investigación para determinar si, con esta práctica, Google vulnera las leyes de protección de datos y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de llevar meses activa, la AEPD no ha sacado aún ninguna conclusión. También parece estancada la investigación de la Fiscalía de Gipuzkoa en relación al caso.

Por otra parte, el servicio «Street View» ha cosechado innumerables denuncias de ciudadanos que han quedado retratados en las fotografías tomadas por los coches de la compañía, por considerar que su intimidad ha sido vulnerada.

«Street View» en Europa

Por el momento, en el país donde más problemas está teniendo Google por esta captación irregular de datos son Alemania y Portugal. El Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel se reunirá el próximo 20 de setiembre con expertos para concretar las medidas que se adoptarán para evitar que los coches del «Street View» no violen la protección de datos del país. Asimismo, el Ejecutivo alemán no excluye que medidas que impliquen un cambio de la Ley de Protección de Datos, como han exigidos varios de los landers.

Por su parte, la reacción del gobierno luso ha sido más radical. Portugal ha denegado a Google el permiso para que realice el «Street View», zanjando el problema antes de que comience.