Los presidentes de las 16 peñas de Iruñea hicieron pública ayer una carta para desmentir las declaraciones realizadas contra ellos desde el equipo de gobierno de la ciudad. En concreto, los presidentes hacen referencia a las afirmaciones lanzadas por el Ayuntamiento a raíz del plante del domingo de los pasados sanfermines, cuando decidieron no acudir a la Plaza de Toros y mostrar así su descontento ante la forma de gestionar las fiestas de la alcaldesa, Yolanda Barcina.

El Ayuntamiento ha acusado a los máximos responsables de las peñas de Iruñea (un colectivo que cuenta con más de 5.000 asociados) de «haber sustraído las entradas a sus destinatarios». Esa información es «absolutamente falsa», afirman los presidentes. Además, el verbo sustraer, según explican, significa «robar, hurtar fraudulentamente», por lo que entienden que se les ha acusado de un delito que no han cometido. Por ello, emplazan al Ayuntamiento a que les denuncie por hurto ante los tribunales o a que se retracte públicamente de sus palabras. De no ser así, entenderán que se comete contra ellos un delito por calumnias «con el agravante de publicidad, ya que ha sido recogido en distintos medios de comunicación».

La calumnia es más grave que el de injuria, puesto que se trata de acusar a alguien a sabiendas de que la acusación es falsa. Los dirigentes de las peñas advierten que tienen abundante documentación para probar que lo dicho por el Ayuntamiento resulta incierto.«La decisión de que los abonos de la Feria del Toro 2010 se repartieran sin la entrada del 11 de julio no fue una decisión de la Federación de Peñas ni de los componentes de las juntas directivas. Cada una de las asambleas de las distintas sociedades aprobó la decisión en cumplimiento de los estatutos de cada una». Así, los presidentes están dispuestos a entregar la documentación y las actas de las asambleas a quien sea oportuno para defender su imagen. Además de ello, aclaran que los abonos se renuevan cada año por parte de las peñas y pertenecen a las entidades y no de forma individual a los socios.

Las declaraciones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Iruñea suponen, a juicio de los presidentes, una acusación por un delito serio, ya que el hurto, cuando es superior a los 400 euros (como sería el caso), queda recogido en el Código Penal (en los artículos 234 a 236) y está penado con entre seis y 18 meses de prisión.