Los presidentes de las 16 pe�as de Iru�ea hicieron p�blica ayer una carta para desmentir las declaraciones realizadas contra ellos desde el equipo de gobierno de la ciudad. En concreto, los presidentes hacen referencia a las afirmaciones lanzadas por el Ayuntamiento a ra�z del plante del domingo de los pasados sanfermines, cuando decidieron no acudir a la Plaza de Toros y mostrar as� su descontento ante la forma de gestionar las fiestas de la alcaldesa, Yolanda Barcina.

El Ayuntamiento ha acusado a los m�ximos responsables de las pe�as de Iru�ea (un colectivo que cuenta con m�s de 5.000 asociados) de �haber sustra�do las entradas a sus destinatarios�. Esa informaci�n es �absolutamente falsa�, afirman los presidentes. Adem�s, el verbo sustraer, seg�n explican, significa �robar, hurtar fraudulentamente�, por lo que entienden que se les ha acusado de un delito que no han cometido. Por ello, emplazan al Ayuntamiento a que les denuncie por hurto ante los tribunales o a que se retracte p�blicamente de sus palabras. De no ser as�, entender�n que se comete contra ellos un delito por calumnias �con el agravante de publicidad, ya que ha sido recogido en distintos medios de comunicaci�n�.

La calumnia es m�s grave que el de injuria, puesto que se trata de acusar a alguien a sabiendas de que la acusaci�n es falsa. Los dirigentes de las pe�as advierten que tienen abundante documentaci�n para probar que lo dicho por el Ayuntamiento resulta incierto.�La decisi�n de que los abonos de la Feria del Toro 2010 se repartieran sin la entrada del 11 de julio no fue una decisi�n de la Federaci�n de Pe�as ni de los componentes de las juntas directivas. Cada una de las asambleas de las distintas sociedades aprob� la decisi�n en cumplimiento de los estatutos de cada una�. As�, los presidentes est�n dispuestos a entregar la documentaci�n y las actas de las asambleas a quien sea oportuno para defender su imagen. Adem�s de ello, aclaran que los abonos se renuevan cada a�o por parte de las pe�as y pertenecen a las entidades y no de forma individual a los socios.

Las declaraciones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Iru�ea suponen, a juicio de los presidentes, una acusaci�n por un delito serio, ya que el hurto, cuando es superior a los 400 euros (como ser�a el caso), queda recogido en el C�digo Penal (en los art�culos 234 a 236) y est� penado con entre seis y 18 meses de prisi�n.