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Se vende terreno de ocho hectáreas, con contaminación incluida, en el puerto de Baiona

No se trata de un anuncio de venta, pero la sociedad Agriva, propietaria del terreno, estaría encantada de deshacerse de él. El Consejo de Aquitania ha estado a punto de comprarlo, pero no le ha convencido el «plus» que comporta: un alto nivel de radioactividad.

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Arantxa MANTEROLA

El asunto no es nuevo, ya que lleva trece años «coleando», los mismos que llevan la asociación de defensa medioambiental CADE, que hizo pública la contaminación en 1997, y las de vecinos peleando para que de una vez por todas se descontamine el terreno de Agriva (ex-Fertiladour). La fábrica, constituida en Bokale en 1964, se dedicaba a la fabricación de abonos y molienda de minerales, en particular de monacita, una tierra especial y muy rica en radioactividad natural (fosfato de torio) que se utilizaba para recubrir el interior de las pantallas de televisión.

Tras años de denuncia y lucha, en 2000, una orden prefectoral decretaba el cierre de la producción pero quedaba pendiente la descontaminación del solar. La empresa propietaria asegura que la ha realizado, incluso superando lo que fija la normativa, pero las asociaciones medioambientales y Los Verdes han seguido afirmando -y demostrando- que, a pesar de la retirada de varias toneladas de tierra, los niveles radioactivos siguen siendo alarmantes.

Sin embargo, los intentos de reconversión del terreno han sido constantes, como la del Ayuntamiento de Bokale, que el año pasado barajó comprar el terreno para implantar una zona comercial. También se rumoreó que una empresa alemana que elabora bolas de madera para combustible de calefacción quería instalarse. Finalmente el Consejo de Aquitania, propietaria del puerto, se mostró interesada por la compra para dedicarlo, en principio, a actividades propias del puerto.

Convencieron al Consejo

La perseverancia de CADE y la implicación de los consejeros Verdes lograron, en junio del año pasado, que la institución regional obligase a descontaminar toda la radioactividad como lo exige la ley antes de concluir la compra y, sobre todo, antes de que fuera «enmascarada» por el asfalto. Es más, convencidos de que los análisis oficiales no reflejaban la realidad, consiguieron que el Consejo de Aquitania encargara un estudio del estado de la hectarea contaminada en el solar que ocupa ocho hectáreas.

Hace unos días llegaba el veredicto del organismo independiente ACRO: la contaminación es muy superior a la autorizada en las normas. El Consejo regional se retiró inmediatamente de la compra y las reacciones no se hicieron esperar.

Las asociaciones y algunos electos apuntaron a los servicios del DRIRE (ente estatal que se ocupa de la gestión de la industria y del medioambiente), responsable de controlar la descontaminación, que ha certificado que los niveles de radioactividad son conformes a los establecidos por la normativa y que, en consecuencia, dejaban la puerta abierta a la reutilización del terreno.

El consejero general de PS del cantón afectado (Baiona-norte), Christophe Martin, pusó el grito en el cielo e interpeló, al igual que las asociaciones ecologistas, al prefecto de los Pirineos Atlánticos. Éste respondió raudo a través de un comunicado minimizando el tema. A pesar de que manifestaba que «el Estado todavía no disponía del informe independiente», reconocía que «por las informaciones que había podido obtener, existían algunas diferencias» en las mediciones. El representante del Estado aseguraba asimismo que «las afirmaciones contre el DRIRE que dan a entender que existiría ocultación de datos, incompentencia de los servicios estatales o, incluso, complicidad, no tienen ninguna base y se enmarcan en una polémica ultrajante e inaceptable».

Al día siguiente de esta declaración, los servicios del Estado y de la región se reunían con los representantes de Agriva para confrontar datos. El electo verde que representó al Consejo de Aquitania, Patrick Du Fau de La Mothe, señaló que, aunque la empresa insistió en que ha descontaminado «más de lo que se le pedía», no aportó argumentos para hacerles cambiar de opinión y reanudar la compra-venta. De hecho, el consejero añadió que la descontaminación necesaria para instalar un proyecto industrial in situ costaría 20 millones de euros, más de tres veces el precio de venta.

Queda por ver si la empresa conoce el principio de «quien contamina paga» y si la autoridad estatal le obligará a ello.

 

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