Todos los 11 de septiembre han tenido algún efecto. El más mediático, sembró un miedo tan obsesivo como artificial. Un miedo que lleva marca de fábrica, al igual que la apuesta por respuestas represivas que atentan contra los derechos básicos y las libertades fundamentales, y que no se limitan a la cruzada contra «el terrorismo». La criminalización de la pobreza es una consecuencia de esas políticas represivas. Pero hay otras.

El endurecimiento de la ley penal en la mayor parte de las sociedades occidentales, en las que incluso gobiernos autodenominados `de izquierdas' se muestran dispuestos a pagar el peaje de deshumanización del derecho, se manifiesta con un cumplimiento íntegro de las penas, la existencia de centros de retención para inmigrantes o la proliferación de series y programas en los que se alienta el uso de la tortura y/o se aboga por la instauración de la pena de muerte o la cadena perpetua.

El trabajo de propaganda y agitación, de ingrata memoria, se encarga de insuflarnos la doctrina de la Seguridad Total vs. Impacto Total.

La prohibición de las convocatorias de Adierazi EH y de las personas impulsoras de un Movimiento por los Derechos Civiles en Euskal Herria, el pasado 11 de septiembre, convierte en quintacolumnistas sospechosas, criminales potenciales y saboteadoras probables a miles de personas. Confundidos los roles entre el poder judicial y el ejecutivo, se invoca la prohibición en nombre de la guerra preventiva.

La Audiencia Nacional me trae al recuerdo aquella funesta Comisión de Actividades Antiamericanas creada para investigar las ideas y creencias políticas de las gentes del cine.