![](http://www.gara.net/naiz/naiz.gif)
Correa pide investigar a los sublevados mientras baja enteros la tesis del golpe
Si bien los gobiernos progresistas de Latinoamérica y las instituciones por ellos creadas han visto un intento de golpe de Estado en Ecuador, desde la izquierda surgen análisis que hablan más de insurrecciones populares contra un gobierno «cada vez más derechista» que de golpes.Jose Angel ORIA
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, comenzó ayer su informe semanal de labores con un minuto de silencio por las personas que murieron durante la crisis que se desató tras la sublevación de un grupo de policías de tropa el pasado jueves. Correa recordó que durante la crisis fallecieron cuatro personas (un soldado, un estudiante y dos policías) e indicó que un miembro de un grupo de operaciones especiales del Ejército «tiene muerte cerebral». Sin embargo, el ministerio de Salud informó horas antes de la muerte de ocho personas durante los disturbios: tres en Quito y otras cinco en Guayaquil.
Correa reiteró que lo ocurrido el jueves fue un intento de desestabilización a su administración, tras lo que se intentó atentar contra su vida. Señaló que entre la Policía había grupos «leales» y pidió al Ministerio de Interior una investigación.
Telesur optaba ayer por destacar que la presidenta de Argentina, Cristina Férnandez, informó a través de su cuenta de Twitter de que Correa está impresionado por la contundencia del documento emitido el viernes por Unasur «en torno al intento de golpe de Estado».
«¿Qué pasó el 30 de septiembre en Ecuador? -se podía leer en un artículo de la agencia boliviana Bolpress-. Estalló una `conspiración' para perpetrar un `golpe de Estado', definió el presidente Rafael Correa; fue una `tentativa golpista' contra el Gobierno legítimo, según Atilio A. Borón; se trató de otra conjura del `imperialismo yanqui' contra el ALBA, afirmaron a coro centenares de dirigentes, intelectuales y militantes del `socialismo del siglo XXI'. Para la Conaie y otras organizaciones de izquierda, fue una rebelión social contra un gobierno cada vez más derechista, autoritario y antipopular».
La chispa de los sucesos fue el proyecto de Ley de Servicio Público del gobierno, que ha sido rechazado por el movimiento popular y sindical por eliminar beneficios sociales.