Además de mostrar los verdaderos hilos de la política, ésos que se tejen fuera de los focos, los cables de Wikileaks vienen a confirmar las denuncias de las organizaciones de derechos humanos de Colombia y de las propias familias sobre los «falsos positivos» o, mejor dicho, la muerte de civiles para presentarlos ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate.

Quince jóvenes de Soacha, en la periferia de Bogotá, desaparecieron tras recibir una propuesta de trabajo en otro departamento. Sus cadáveres aparecie- ron meses después a cientos de kilómetros. Algunos llevaban una indumentaria similar a la que emplean los guerrilleros de las FARC, mientras que otros portaban armas en la mano. Gracias a la tenacidad de sus familiares y a la implicación de organismos locales se supo que nada tenían que ver con la guerrilla y que, simplemente, los habían matado para anotarse un nuevo éxito militar con el que justificar la eficacia de la política de «seguridad democrática» del ex presidente Alvaro Uribe.

Soacha fue la punta del iceberg. Poco a poco se fueron conociendo casos similares de jóvenes campesinos, en paro, indigentes e incluso personas con alguna discapacidad síquica que eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

A través de uno de los documentos filtrados por la web de Julian Assange se sabe que esta práctica era un «fenómeno generalizado» y que los responsables de lo ocurrido a esos quince jóvenes fueron militares adscritos a la Brigada Cuarta de Medellín. Así se lo hizo saber el general colombiano Carlos Suárez al embajador estadounidense, William Brownfield.

El escándalo salpica a todas las esferas, incluyendo al actual presidente Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa. Pese a la gravedad del asunto, sólo ha habido una decena de destituciones en los mandos inferiores del Ejército y todo indica que no habrá grandes avances en las investigaciones.

Santos y Uribe, mientras, seguirán gozando de reconocimiento mundial por su «lucha antiterrorista» y continuarán sin dar explicaciones en una sede judicial.