El gerente de una empresa dedicada a la construcción ha sido condenado a tres meses de cárcel y a pagar una multa de 270 euros por el grave accidente sufrido por un trabajador en las obras de ocho chalés adosados en Olaberria.

Según la sentencia del caso, divulgada por Efe, los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2003, cuando el operador de una grúa instalada en la obra perdió el control de la máquina y el cubo de hormigón que transportaba impactó contra una plataforma sobre la que trabajaban dos obreros que se precipitaron contra el suelo desde una altura de casi cuatro metros.

El documento judicial explica que la plataforma en la que se encontraban los empleados tenía una barandilla trasera de protección pero carecía de la misma protección en la parte delantera, «contraviniendo el contenido del Plan de Seguridad y Salud», además de «los criterios señalados en las instrucciones técnicas de seguridad del diseñador del encofrado modular» y «la más elemental prudencia en relación con unos trabajos a desarrollar en altura».

El texto concreta que los trabajadores no habían recibido información al respecto en la obra, en la que tampoco se había impuesto «el uso de cinturones de seguridad, perchas o cualquier otra medida individual de seguridad que paliara la carencia a de medidas colectivas» causadas por la ausencia de barrera delantera en la plataforma. La sentencia precisa que, a consecuencia de la caída, uno de los trabajadores sufrió diferentes heridas de las que tardó casi un año en recuperarse tras permanecer 49 días hospitalizado, a pesar de lo cual le han quedado secuelas que le obligan al uso de muletas para grandes «deambulaciones» y que «le impiden la realización de las tareas fundamentales propias de la profesión de encofrador».

El otro obrero lesionado no concretó estas heridas en el procedimiento judicial abierto y renunció a posibles indemnizaciones.

«El cóctel perfecto»

LAB destacó que en este caso, se repite «el cóctel perfecto para que se den accidentes de trabajo: precariedad, subcontratación en cadena (para ahorrarse costes económicos aunque suponga una pérdida de derechos para la clase trabajadora) y nula prevención de riesgos».

Criticó que la sentencia supone que «a la patronal, las pérdidas de salud y de vida de la clase trabajadora les sigue saliendo baratas» porque, el empresario eludirá la cárcel y pagará 270 euros por no poner prevención.

Asimismo, denunció que las administraciones públicas «no hacen nada, o como mucho campañas publicitarias que desvían la atención de los verdaderos problemas», mientras el poder judicial se limita a exculpar a la patronal o a poner penas ridículas».