La sentencia en la que la Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a cuatro guardias civiles por un delito de torturas a Mattin Sarasola e Igor Portu es muy importante y llega en un momento político clave. Sin duda, tienen razón quienes señalan lo excepcional de la sentencia frente a lo estructural de los malos tratos, tal y como que reflejan las denuncias por torturas acumuladas en los juzgados y archivadas sistemáticamente. También tienen razón quienes subrayan lo limitado de la condena, así como quienes advierten del peligro de que, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado español condenados sean exculpados o indultados próximamente y terminen por no cumplir la sentencia. La experiencia alerta de que, además, los policías condenados han terminado siendo condecorados y ascendidos, algo que no se puede olvidar ni permitir en este caso. No cabe duda tampoco de que la sentencia esquiva el elemento central que permite todo lo anteriormente mencionado: es la incomunicación de los detenidos la que permite los malos tratos y su impunidad, tal y como han señalado diferentes expertos en la materia durante estos últimos años. Y ha sido precisamente un lapso en esa incomunicación lo que ha posibilitado que una ley pensada para no perseguir ni castigar esa inhumana práctica haya tenido que dar su brazo a torcer ante la evidencia.

Pero la sentencia es importante porque llega en un momento en el que el Estado español está empeñado en negar la existencia misma de un conflicto político. Y la sentencia, pese a sus limites jurídicos, muestra una realidad política que choca frontalmente con la versión española, igual que chocaron en el juicio los testimonios de los torturados y los de los torturadores. La sentencia llega cuando la comunidad internacional ha fijado su lupa en este conflicto. Las excusas domésticas ofrecidas por los mandatarios españoles poco valen ante esos incómodos testigos y sus silencios resultan aún más elocuentes. Cuidado, no porque públicamente esa denominada comunidad internacional vaya a cambiar su postura oficial, pero sí porque privadamente van a confirmar sus sospechas y convicciones sobre la calidad del sistema político español.

Falta de credibilidad

La credibilidad del Estado español está erosionada en todos los aspectos, no sólo en el económico. «Los mercados», como ente abstracto, no existen. Pero sí existe una desconfianza secular por parte de los mandatarios que comparten mesa con los sucesivos gobernantes españoles sobre la diferencia entre la versión oficial sobre lo que España es y lo que realmente es. Si quiere recuperar esa credibilidad el Gobierno español no puede mantener posturas negacionistas basadas en posiciones de poder que no son reales. Ni en lo económico ni en lo político.

Resulta paradójico en ese sentido que los mismos políticos que utilizan lo que dice el «Wall Street Journal» como fuente de autoridad para defender la recuperación de la economía española o la hecatombe que ha provocado este Gobierno hayan mirado hacia otro lado cuando ese medio ha publicado esta misma semana un artículo que tenía como principal fuente una entrevista con Arnaldo Otegi. Y resulta patético que un partido vasco, en concreto el PNV, comente esa entrevista en términos negativos, abstrayéndose incluso del hecho de que Otegi está en la cárcel precisamente por sembrar las oportunidades políticas que están madurando ahora.

En este momento de la partida lo que sirve internamente, lo que domésticamente es útil, no tiene ese mismo valor si se mira el escenario político en su conjunto. Ese es, entre otros, uno de los logros de la estrategia puesta en marcha por la izquierda abertzale a lo largo del último año. En ese sentido, la unilateralidad ha comenzado a dar sus frutos y comienzan a vislumbrarse, cada vez con más fuerza, movimientos que no tienen como único eje ni como única fuerza tractora a la izquierda abertzale. La denuncia contra la tortura o contra la situación de los presos políticos vascos son dos buenos ejemplos de ello. En ese camino, es de prever que de un punto en adelante el multilateralismo se potenciará hasta tal punto que imposibilitará posturas inmovilista que hasta ahora podían resultar cómodas.

Testimonios del conflicto

Hoy GARA recoge el testimonio de los padres de Jose Mari Sagardui, Gatza, el preso político vasco que más años lleva en prisión. Más de treinta años, lo que supone la aplicación de facto de la cadena perpetua. Una vez más, su testimonio contrasta con las declaraciones públicas de la clase política y con los ficticios debates que transmiten a la opinión pública española. Ese testimonio denuncia la injusticia, habla de libertad, rezuma humanidad y tiene un significado profundamente político. Y la mayoría de la sociedad vasca es consciente de todo ello.

La manifestación que el próximo sábado recorrerá las calles de Bilbo se perfila como la mejor demostración de todo ello.