Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes en Arizona han manifestado su indignación por una propuesta anunciada el miércoles por legisladores de varios estados que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes «sin papeles». «Estamos muy indignados y con mucho coraje, ya que estamos en un estado que está sufriendo demasiado por la falta de empleos, la falta de seguro médico y nuestros legisladores están perdiendo el tiempo impulsando este tipo de iniciativas discriminatorias», señaló a Efe Lydia Guzmán, activista y representante de la organización Respect/Respecto en Arizona.

Varios legisladores estatales de Arizona (dos), Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania expresaron en Washington su compromiso de presentar en sus respectivos estados una iniciativa que busca reformar la enmienda 14 de la Constitución, la cual otorga desde 1868 la ciudadanía automática a todas las personas nacidas o naturalizadas en este país sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esta enmienda restó validez a un dictamen del Tribunal Supremo de 1857 que sostenía que ni los esclavos liberados ni sus descendientes podrían convertirse en ciudadanos.

Los legisladores estatales proponen crear dos tipos de actas de nacimiento en sus estados, una para los hijos de ciudadanos estadounidenses y otra para los hijos de los «sin papeles».

Esta propuesta otorgaría a los estado y no al Gobierno federal la facultad de determinar la ciudadanía de una persona. Su esperanza es que la iniciativa desate una oleada de litigios que permita que el conflicto se resuelva finalmente a su favor.

Tendencia «insostenible»

Los promotores de la iniciativa manifestaron que los inmigrantes en situación irregular son una «invasión» y un «veneno» y adujeron que muchos «sin papeles» cruzan la frontera con el único fin de tener hijos en EEUU y «anclarse» así en el país.

«Económicamente esta tendencia es insostenible», argumentó a Efe Jack Murphy, senador estatal de Georgia, quien calcula que la inmigración ilegal cuesta miles de millones de dólares anuales a EEUU.

Guzmán calificó como «payasada» el anuncio. «Parece que nuestros representantes de Arizona no tienen muy claras sus prioridades, deben de enfocarse en balancear el presupuesto estatal», indicó.

El estado de Arizona nuevamente es el líder a nivel nacional en iniciativas de ley que buscan penalizar a todas aquellas personas que han cruzado la frontera de manera ilegal.

«La historia se está repitiendo, hace un año, en enero de 2010 presentaron la iniciativa SB1070 y ahora tenemos esta iniciativa que busca negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados», señaló a Efe Alessandra Meetze Soler, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.

«Esta propuesta es cínica y discriminatoria y va a hacer más daño a la economía y reputación de Arizona», agregó.

Críticos como el legislador estatal republicano de Arizona Russell Pearce aseguran que los inmigrantes «sin papeles» utilizan a sus hijos para obtener beneficios públicos y a la larga los «usan» para regular su estatus migratorio.

De acuerdo con las leyes migratorias de EEUU, cuando un ciudadano cumple los 21 años de edad puede solicitar la residencia legal para sus padres o sus hermanos menores de 18 años, pero es un proceso complicado que muchas veces obliga a los padres «sin papeles» a dejar el país y solicitar la residencia legal en su lugares de origen, arriesgándose a que les sea negada.

«Vamos a tener un periodo de aproximadamente seis meses para pelearla y tratar de convencer a los legisladores aquí en Arizona, que esta propuesta viola los valores de nuestro país», sostuvo Meetze Soler, quien admitió que si esta legislación hubiera sido ley cuando ella nació, ahora ella no sería ciudadana de EEUU.

Considera que aunque legisladores de cinco estados apoyan esta propuesta, son «un grupo muy chico radical» que está tratando de cambiar la Constitución de EEUU con leyes estatales.

«Nada puede cambiar la Constitución, solo el Congreso puede hacerlo y para ello deben de obtener el apoyo de más de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado», finalizó.

Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEFF), por su parte, indicó a Efe que la propuesta es «inconstitucional», porque plantea que «distintos estados tengan distintos ciudadanos, algo completamente inviable hoy día». A su juicio, es «una manifestación más de un grupo pequeño pero cada vez más visible».