Amedo indica al juez que tras los GAL estaban González, Jáuregui y Benegas
Lo había anunciado meses atrás y ayer lo confirmó ante el tribunal que juzga al ex jefe de la Policía española Miguel Planchuelo por los atentados contra los bares Batxoki y Consolation: José Amedo sostiene que la creación de los GAL partió del entonces presidente español, Felipe González, y añade esta vez que todo disponía del consentimiento de cargos del PSOE como Txiki Benegas y Ramón Jáuregui. Julián Sancristóbal ratifica que la orden llegó desde arriba.
GARA | MADRID
En julio de 2010, el ex subcomisario José Amedo depositó documentos dirigidos al presidente de la Audiencia Nacional en los que señalaba a varios cargos políticos y judiciales de la epoca del GAL como «responsables intelectuales y políticos» de atentados como los de los bares Batxoki y Consolation, ocurridos en febrero de 1986. Ayer, en calidad de testigo y por tanto obligado técnicamente a decir la verdad, afirmó de modo categórico que «Felipe González estaba detrás de todo» y fue «una decisión exclusivamente política».
El último juicio pendiente del GAL -en el que un superior de Amedo, Miguel Planchuelo, se enfrenta a una petición de la acusación popular de 114 años de cárcel por los ataques contra ambos bares- sirvió a Amedo para dar salida a su amenaza de «tirar de la manta», que acompaña de quejas por su situación económica. Amedo declaró en libertad, a pesar de haber sido condenado a 108 años de prisión por acciones atribuidas a los Grupos Armados de Liberación (GAL).
El ex subinspector de la Policía española explicó que la decisión de atentar en Ipar Euskal Herria fue tomada por responsables políticos del PSOE ante la falta de colaboración contra ETA de las autoridades francesas en los años 80. José Amedo aclaró que la decisión «jamás la tomó un mando policial».
«Fue una decisión de Felipe González y del señor José Barrionuevo y del señor Julián Sancristóbal», que entonces ocupaban los cargos de ministro del Interior y gobernador civil de Bizkaia, respectivamente. El mediático ex policía añadió que estos altos cargos gubernamentales contaron con «la anuencia y el consentimiento» de otros políticos del PSOE, especialmente en Euskal Herria. Así, mencionó a Txiki Benegas -que aspiraba en 1983 a la Lehendakaritza-, el ex delegado del Gobierno en la CAV y actual ministro de la Presidencia Ramón Jaúregui, y al ex líder del PSE en Bizkaia Ricardo García Damborenea.
Así, especificó que quien le reveló que era el entonces presidente del Ejecutivo el responsable último de la decisión de intervenir a través de los GAL fue el propio Sancristóbal en una reunión en su despacho. «Ninguna de estas decisiones se tomaba si no partían de los principales responsables de la lucha antiterrorista», insistió Amedo en otro punto de su declaración como testigo.
A preguntas de la abogada de la acusación particular Begoña Lalana, el ex policía explicó además que «una serie de cargos importantes de este estado» -volvió a mencionar a Barrionuevo e incluyó a Vera- querían que «yo fuera el único responsable de las acciones».
Sancristóbal declaró posteriormente y ratificó también que la creación de los GAL fue ordenada por la cúpula del Ministerio de Interior en 1983. «No tomábamos ninguna decisión que fuera autorizada por las administraciones centrales del Ministerio del Interior», dijo el ex gobernador civil, como ya hiciera en el año 1995.
Miguel Planchuelo, el ex jefe de la Brigada de Información de la Policía en Bilbo, no aportó datos relevantes sobre los atentados del Batxoki y el Consolation, que son los que se le imputan, aunque sí dijo ante el tribunal que el Gobierno español autorizó el secuestro en 1983 de Segundo Marey, acción por la que ya fue condenado en 1998 por el Supremo a nueve años y seis meses de cárcel.
El acusado dijo que lo hizo «debido a las circunstancias que se estaban produciendo en el País Vasco». «Era un caos, un muerto hoy y otro mañana, el Gobierno autorizó que se podía hacer un secuestro», dijo ante el tribunal que le juzga. La Fiscalía no considera a Planchuelo responsable de los delitos de los que le acusa la acción popular.
Planchuelo negó conocer a tres mercenarios portugueses con los que presuntamente contactaron sus subordinados José Amedo y Michel Dominguez para cometer los dos atentados de los bares. Sí reconoció que ambos realizaron un viaje a Portugal para «entrevistarse con un informador que le iba a hablar de una venta de armas a ETA. Resultó un fiasco». Tras él declaró Francisco Alvarez, su superior en aquella época, que exculpó a Planchuelo al afirmar que realmente fue él quien contactó con los mercenarios, pero sólo para que actuaran de informadores. Sancristóbal también le respaldó.
Con todo, lo más significativo fue la declaración de Ricardo García Damborenea, a quien se le preguntó si no consideraba que secuestros como el de Marey eran ilegales. «No», dijo con rotundidad. Lo justificó con esta afirmación: «El bien protegido era mucho mayor del que se iba a pagar».
