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Los retrasos en renta básica en la CAV triplican el plazo y Cáritas los tapa en Nafarroa
Los servicios sociales de Hego Euskal Herria están colapsados a la hora de entregar la renta básica a la gente que ha agotado las prestaciones del paro. Estas ayudas debieran resolverse en dos meses y medio, pero los retrasos en la CAV son de ocho meses y, en Nafarroa, de seis. El Gobierno navarro tiene un convenio con Cáritas para que esta adelante la ayuda durante la tramitación, pero en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, los solicitantes están desamparados.
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Aritz INTXUSTA |
Lo peor del paro desde el punto de vista humano no es la cifra total de afectados, sino que la situación de desempleo se alargue en el tiempo. El Estado y las Diputaciones están demostrando no estar capacitadas para atender a los parados de larga duración, a quienes se acaban la prestación del desempleo y las sucesivas prórrogas, primero la ayuda de 420 euros, ahora extinta, y después una nueva vinculada a la formación. Fuera de estas prestaciones sólo queda la renta básica, que es un derecho, y los servicios sociales están colapsados. En la CAV, la concesión de estas ayudas se prolonga ocho meses y, en Nafarroa, algo menos, seis. El plazo legal es de dos meses y medio, es decir, el colapso de los servicios sociales está duplicando y triplicando el tiempo de tramitación de las solicitudes.
Quienes recurren a la renta básica lo hacen ya en una situación económica crítica, puesto que las ayudas de poco más de 400 euros, apenas dan para afrontar los gastos mensuales. En ese momento, resulta muy difícil de asumir un retraso de más de medio año por culpa de los problemas administrativos a la hora de tramitar la renta básica, máxime cuando ésta constituye un derecho y los requisitos para acceder a ella son mínimos. En la CAV, prácticamente basta con ser mayor de 23 años, llevar un año empadronado y constituir una unidad familiar independiente (aunque sea de un solo miembro).
Únicamente en Nafarroa esta ayuda se entrega con inmediatez, pero no es mérito del Gobierno, sino de Cáritas. «Nosotros firmamos un convenio con el Gobierno antes de la crisis para adelantar el dinero. Entonces era una parte muy pequeña del colectivo de personas en exclusión la que necesitaba percibir de forma inmediata la renta básica», afirma el director de Cáritas en Nafarroa, Ángel Iriarte. Ahora, todo se ha disparado. Los servicios sociales de Nafarroa están valorando las solicitudes presentadas diciembre. En la CAV, las de septiembre.
Las cifras de personas a los que Cáritas ha adelantado esta prestación son contundentes. El acuerdo se firmó en diciembre de 2008, y se adelantó la ayuda a cinco personas. En 2009, fueron 1.061 personas las que recurrieron a la institución cristiana para recibir el dinero a tiempo, lo que supuso para la entidad 1.015.000 euros. El año pasado, esta cifra se duplicó: 2.075 casos por un valor de 2.124.198 euros.
No obstante, Iriarte apunta que los fondos de Cáritas no son infinitos. En realidad, la institución sólo adelanta un dinero que después la Administración le devuelve, cuando finalmente la concesión de ayuda se aprueba, que viene a ocurrir casi siempre, porque los requisitos son aún menores que en la CAV. «En Navarra todo ciudadano residente que tenga entre 25 y 65 años y en los últimos seis meses sus ingresos hayan sido menores al salario mínimo interprofesional tiene derecho a la renta básica o a complementar sus ingresos», expone de memoria el director de Cáritas. En total, son entre 150.000 y 200.000 euros los que la institución tiene adelantados permanentemente demandantes, porque la Administración tarda seis meses en comprobar tan sólo dos cosas: el padrón y los ingresos.
Exigen una solución urgente
La última valoración de Cáritas en Nafarroa sobre este fenómeno sorprende por su dureza. Dice que el sistema falla porque «hay problemas de gestión y carencias de personal». Y además, añade: «La idea extendida de que «Cáritas llega donde otros no llegan» no ha de ser utilizada cuando los acontecimiento se pueden prever. Y volvemos a recordar que en el caso de Cáritas la obligación es moral, en el caso de la Administración la obligación es de derecho, es decir, legal y exigible». Iriarte sostiene que la asunción de esta carga económica supone para ellos un sobreesfuerzo y recuerda que, antes de la crisis, «en el Estado español ya había ocho millones de personas en exclusión».
Por otra parte, en la CAV, donde no hay un tercer elemento que oculte o tamice el atasco administrativo se está produciendo, el retraso está desencadenando otras consecuencias. La renta básica en la CAV es más alta que la ayuda de desempleo. Para una persona sin nadie a su cargo, asciende a 658 euros. Sin embargo, la renta básica es incompatible con los 420 euros de paro. Sin embargo, «gente que podría optar a acogerse a una u otra está decantandose por la ayuda al desempleo, porque es incapaz de aguantar la espera de ocho meses hasta recibir la renta básica», afirma Juan Carlos Becerra, de la asociación Berri-Otxoa, quien asegura que, sólo en Bizkaia, hay 3.800 personas que han solicitado la renta básica y aún están esperando.