Seis concejales de la izquierda abertzale del Ayuntamiento de Errenteria solicitaron el pasado viernes la celebración de un pleno extraordinario a fin de que se abra un expediente para depurar responsabilidades concretas tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que condena a este consistorio guipuzcoano a abonar 220.967 euros por «acoso laboral sistemático» a una ex policía municipal.

Los ediles consideran que «el Ayuntamiento, y por tanto la ciudadanía, no debe pagar por lo que han hecho algunas personas concretas», y apuntan en su moción a Miguel Buen, alcalde de Errenteria cuando sucedieron los hechos y actual número uno del PSE para la Diputación de Gipuzkoa; y a Juan Carlos Merino, entonces teniente de alcalde y hoy día primer edil y candidato a la reelección, también por el PSE.

En la lista se incluye asimismo a Juan Luis Gundín y José Antonio Ugartemendia, máximo responsable y suboficial adjunto de la Policía Municipal de Errenteria durante aquellos años, respectivamente.

Mediados de los noventa

El origen de los hechos se remonta a mediados de la década de los noventa, cuando en el transcurso de un juicio la agente de la Policía Municipal declaró contra algunos de sus superiores.

A partir de ese momento, y según da por probado el fallo del TSJPV, «los jefes directos de la actora mantuvieron comportamientos y actitudes hostiles hacia ella, de modo continuado, como represalia por tales declaraciones, comportamiento que debe calificarse como acoso sistemático».

En cuanto al papel del Consistorio, el Tribunal estima que «la falta total de evaluación de los riesgos laborales de los puestos de trabajo por parte de la entidad local demandada (...) tuvo una influencia determinante en la producción del daño sufrido por la recurrente, concurriendo por tanto el elemento causal exigido para la declaración de la responsabilidad empresarial».

Añade que si el Ayuntamiento «hubiese evaluado el riesgo», habría «detectado la situación de hostigamiento continuo y prolongado vivido por la demandante entre 1995 y 2004 y habría adoptado las medidas adecuadas para ponerle fin que, previsiblemente, hubiesen evitado la descompensación psíquica severa e irreversible ocasionada por el citado comportamiento». En consecuencia, concluye que al Consistorio «no se le puede desresponsabilizar» de lo sucedido.

Negativa del alcalde

Los primeros que reclamaron un pleno extraordinario para abordar las responsabilidades de este caso fueron los sindicatos ELA y LAB. Ante la negativa del alcalde, fue el concejal de Hamaikabat, con el respaldo de izquierda abertzale, PNV y EB-Aralar (entre las cuatro formaciones suman 11 de los 21 ediles), quien lo solicitó durante el último pleno ordinario.

Merino se mantuvo en sus trece y han sido los representantes independentistas, único grupo de la oposición que supera el necesario 25% de las concejalías, el que ha registrado oficialmente la demanda. El primer edil cuenta con quince días hábiles para convocar el pleno y, de no hacerlo, automáticamente queda convocado para diez días más tarde, con el obstáculo de que para entonces ya se habrían celebrado las elecciones.

Esta no es la única denuncia por acoso laboral en el Ayuntamiento de Errenteria, aunque sí es la primera que ya ha agotado su recorrido judicial. Hay otras tres demandas, alguna con sentencias en primera instancia contraria al Ayuntamiento. Se trata de técnicos de diversas áreas cuyo puesto se ha «vaciado de contenido». Van al puesto de trabajo, pero no les dan tareas.

En octubre pasado se puso en marcha en el Ayuntamiento una comisión de investigación para analizar lo sucedido en estos cuatro casos.