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Reclaman que Buen y Merino abonen la sentencia por acoso de Errenteria
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenó al Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) a pagar 220.967 a una ex policía municipal que denunció acoso en el trabajo. Ante esta sentencia, los ediles de la izquierda abertzale solicitan que se abra un expediente para que sean los responsables políticos y los superiores laborales en aquel momento de la ex trabajadora quienes abonen la indemnización, para que no salga de las arcas ciudadanas.
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Imanol INTZIARTE | ERRENTERIA
Seis concejales de la izquierda abertzale del Ayuntamiento de Errenteria solicitaron el pasado viernes la celebración de un pleno extraordinario a fin de que se abra un expediente para depurar responsabilidades concretas tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que condena a este consistorio guipuzcoano a abonar 220.967 euros por «acoso laboral sistemático» a una ex policía municipal.
Los ediles consideran que «el Ayuntamiento, y por tanto la ciudadanía, no debe pagar por lo que han hecho algunas personas concretas», y apuntan en su moción a Miguel Buen, alcalde de Errenteria cuando sucedieron los hechos y actual número uno del PSE para la Diputación de Gipuzkoa; y a Juan Carlos Merino, entonces teniente de alcalde y hoy día primer edil y candidato a la reelección, también por el PSE.
En la lista se incluye asimismo a Juan Luis Gundín y José Antonio Ugartemendia, máximo responsable y suboficial adjunto de la Policía Municipal de Errenteria durante aquellos años, respectivamente.
Mediados de los noventa
El origen de los hechos se remonta a mediados de la década de los noventa, cuando en el transcurso de un juicio la agente de la Policía Municipal declaró contra algunos de sus superiores.
A partir de ese momento, y según da por probado el fallo del TSJPV, «los jefes directos de la actora mantuvieron comportamientos y actitudes hostiles hacia ella, de modo continuado, como represalia por tales declaraciones, comportamiento que debe calificarse como acoso sistemático».
En cuanto al papel del Consistorio, el Tribunal estima que «la falta total de evaluación de los riesgos laborales de los puestos de trabajo por parte de la entidad local demandada (...) tuvo una influencia determinante en la producción del daño sufrido por la recurrente, concurriendo por tanto el elemento causal exigido para la declaración de la responsabilidad empresarial».
Añade que si el Ayuntamiento «hubiese evaluado el riesgo», habría «detectado la situación de hostigamiento continuo y prolongado vivido por la demandante entre 1995 y 2004 y habría adoptado las medidas adecuadas para ponerle fin que, previsiblemente, hubiesen evitado la descompensación psíquica severa e irreversible ocasionada por el citado comportamiento». En consecuencia, concluye que al Consistorio «no se le puede desresponsabilizar» de lo sucedido.
Negativa del alcalde
Los primeros que reclamaron un pleno extraordinario para abordar las responsabilidades de este caso fueron los sindicatos ELA y LAB. Ante la negativa del alcalde, fue el concejal de Hamaikabat, con el respaldo de izquierda abertzale, PNV y EB-Aralar (entre las cuatro formaciones suman 11 de los 21 ediles), quien lo solicitó durante el último pleno ordinario.
Merino se mantuvo en sus trece y han sido los representantes independentistas, único grupo de la oposición que supera el necesario 25% de las concejalías, el que ha registrado oficialmente la demanda. El primer edil cuenta con quince días hábiles para convocar el pleno y, de no hacerlo, automáticamente queda convocado para diez días más tarde, con el obstáculo de que para entonces ya se habrían celebrado las elecciones.
Esta no es la única denuncia por acoso laboral en el Ayuntamiento de Errenteria, aunque sí es la primera que ya ha agotado su recorrido judicial. Hay otras tres demandas, alguna con sentencias en primera instancia contraria al Ayuntamiento. Se trata de técnicos de diversas áreas cuyo puesto se ha «vaciado de contenido». Van al puesto de trabajo, pero no les dan tareas.
En octubre pasado se puso en marcha en el Ayuntamiento una comisión de investigación para analizar lo sucedido en estos cuatro casos.
Hace menos de tres meses, Francisco Martínez Aldama, secretario general del PSOE de La Rioja y, por tanto, compañero de partido de Miguel Buen y Juan Carlos Merino, reclamaba que fueran los implicados, y no el Gobierno autonómico riojano -presidido por el Partido Popular-, quienes se hicieran cargo de los más de 80.000 euros de indemnización que había que pagar a un empleado de la Consejería de Obras Públicas después de que el Tribunal Supremo dictaminase que había sufrido «acoso laboral».
No sólo eso, sino que Martínez Aldama, candidato a la presidencia en los próximos comicios, reclamaba la dimisión o el cese de tres altos cargos del Ejecutivo que lidera Pedro Sanz. Asimismó, el representante del PSOE recordó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial determina la apertura de oficio de un expediente.
«Los riojanos no tenemos que pagar su mala gestión, que lo paguen ellos de su bolsillo», concluyó. Es precisamente lo mismo que reclaman en su moción los seis ediles de la izquierda abertzale de Errenteria, quienes esgrimieron este caso para preguntarse si el PSOE va o no a mantener en Gipuzkoa la misma postura que en La Rioja. I. INTZIARTE