La Diputación foral de Bizkaia mantiene un conflicto con las centrales sindicales LAB, ELA y CCOO porque se niega a realizar la evaluación de riesgos laborales del personal de los retenes de incendios forestales, a la vez que no quiere establecer un encuentro para tratar esta materia.

Al mismo tiempo, denuncian que no disponen de los medios adecuados de comunicación entre ellos, dado que les instalaron el sistema Tetra, como el de la Ertzaintza, «que fue un fracaso» y luego «nos dieron móviles con los que sólo podíamos hablar con nuestra base y el 112. En la anterior concentración, los devolvimos», dijeron. También denuncian que el sistema de trabajo para el control de los montes de Bizkaia les obliga a «doblar jornadas laborales».

El personal está adscrito al Departamento foral de Agricultura y suma una plantilla de alrededor de cien trabajadores, además de otros veinte de la empresa pública Basalan. LAB, ELA y CCOO han presentado una denuncia ante la Delegada Provincial de Trabajo de Bizkaia, que depende del Gobierno de Gasteiz, sobre la base de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) exige un nivel de protección adecuada de la salud de los trabajadores. «La Diputación interpreta que a los puestos de trabajo que tienen funciones de retén de incendios forestales no les es de aplicación la LPRL y no se debe realizar la evaluación de riesgos por la extinción de incendios forestales».

Otros sí la realizan

Esta interpretación sólo la entiende así la Diputación de Bizkaia, no así la Comisión Europea, la Comisión estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la documentación específica en materia de prevención, como indican los representantes de las tres centrales sindicales, que conocen otros retenes que sí tienen realizada la evaluación de riesgos derivados del trabajo de extinción de incendios. Porque, como matizan, «somos los que apagamos los incendios en los montes con el apoyo de los bomberos». Sólo si el incendio es de una gran magnitud y significa una situación de catástrofe se declara «una emergencia» con lo que el control pasaría a Protección Civil y a los Bomberos, como indica ya la renovada Ley de Montes.

La denuncia sindical, que tendrá que ser analizada también por Osalan, puntualiza al servicio de prevención de la Diputación de Bizkaia porque «en el 99% de los casos, es decir casi siempre, la extinción de incendios se realiza por el Servicio de Montes, dentro de las tareas habituales, de un servicio público y fuera de una declaración de emergencia».

Por lo que consideran «intolerable» que no cuenten con «una evaluación de riesgos». Ante esa situación han demandado a la Diputación ante la Delegación de Trabajo del Ejecutivo de Gasteiz para que obligue a que cumpla con ese derecho que tienen los trabajadores no sólo con lo que respecta a disponer de los equipos y condiciones adecuadas, sino a la hora de tener bajas debido al «esfuerzo, fatiga, cansancio y estrés que provocan los incendios, que en el caso de Bizkaia tienen una duración de unas ocho horas de media para sofocarlos», precisaron.

Consecuencias directas

La no realización de la evaluación de riesgos genera una serie de perjuicios a los trabajadores. Entre ellos, que no se fija una plantilla adecuada para ese servicio. Las tres centrales sindicales consideran que el Servicio de Montes con sus técnicos, agentes forestales, capataces y operarios tienen el cometido de «vigilar y dirigir la lucha contra los incendios forestales, además de su extinción», pero, igual que otros trabajadores, tienen que contar con una jornada laboral adecuada, «cuando la duplicamos», pero también demandan que «se regularice el trabajo para conciliar la vida laboral y familiar». Entienden que no se produce porque «cada vez hay menos personal dedicado a estas tareas», añadieron.