El informe anual 2011 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo elaborado por Amnesty International (AI) vuelve a apuntar al Estado español por la cuestión de la tortura, subrayando además que Madrid se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación.

Todos los años, AI analiza las conculcaciones de derechos humanos registradas en todo el mundo el año anterior y las plasma en un informe clasificado por estados, en el que resume los ataques que se han producido en cada uno de ellos.

Significativamente, el epígrafe «tortura y otros malos tratos» es el primero en el apartado del Estado español. Y es rotundo: «Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en 2008».

Es decir, que AI constata que el Estado español se siguen produciendo casos y que el Gobierno no ha tomado ninguna medida para evitar que esta práctica continúe produciéndose.

En este sentido, destaca que en junio del año pasado se aprobó la reforma del Código Penal «sin que se hubiera modificado la definición de tortura, a pesar de que el Comité de la ONU contra la Tortura había recomendado armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos». De este modo, el Código Penal español sigue distinguiendo entre «torturas graves» y «torturas menos graves».

El informe de AI constata asimismo que el Estado español sigue aplicando la incomunicación y que hace oídos sordos a las recomendaciones de organismos internacionales para abolir esta medida.

«Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia hasta trece días, y en ese tiempo no podían designar a un representantes letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En mayo, el Gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU para abolir esa forma de detención», dice el informe de Amnesty International.

Junto a ello, AI recoge el caso del donostiarra Mikel San Argimiro y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el Estado español violó la prohibición de la tortura recogida en los acuerdos internacionales al negarse a investigar las denuncias que pre- sentó tras permanecer cinco días incomunicado al ser detenido por la Guardia Civil en mayo de 2002.

Asimismo, AI recoge que el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid desestimó la denuncia por torturas presentada por Mertxe Alcocer tras ser detenida e incomunicada por la Guardia Civil en diciembre de 2008, pese a que un informe pericial constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes.

También recoge la condena de cuatro guardias civiles por infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008.