La decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, de pedir el arresto de Muamar al Gadafi, de su hijo Saif el Islam y de su cuñado Abdulá el Senusi constituye una vuelta de tuerca en la presión que la comunidad internacional, al menos una parte de ella, está ejerciendo contra el mandatario libio, al objeto de que abandone el poder y acepte un cambio de régimen en el país norteafricano. Con esta petición, el mensaje que se le está trasladando a Gadafi y a los suyos es que apenas le quedan unas semanas para poder aceptar una retirada, más o menos acordada y supervisada por sus adversarios, a un tercer país, ya que una vez la CPI ordene su detención, esta opción quedaría desechada.

La petición de Ocampo, cuya inusual celeridad en este caso ha llamado la atención, es también un aviso a aquellas personas que permanecen fieles al coronel que durante cuatro décadas ha gobernado sobre Libia. Después de varias semanas en las que el frente de guerra permanece prácticamente inalterado, más allá de algunas escaramuzas por ambas partes, los aliados occidentales pretenden que el régimen gadafista implosione y que sean los suyos, ante la perspectiva de seguir la suerte de su líder, quienes lo abandonen.

Sin embargo, el desenlace de este nuevo paso es incierto. Acorralar, sin más salida que el enfrentamiento, a un gobernante que, aun sufriendo muchas bajas -incluso en su propia familia- y causando un gran sufrimiento a gran parte de su pueblo, ha demostrado ser capaz de resistir a los ataques de la OTAN y ha dejado en evidencia la incapacidad de los que se supone son la alternativa a su gobierno, podría llevar este conflicto a un punto de no retorno y dramáticas consecuencias. Porque si Gadafi acepta el envite y no cede ante las presiones, serán las potencias occidentales las que sean rehenes de sus propias decisiones, al verse obligadas a entrar en una guerra abierta para la que no tienen permiso y que gran parte del mundo árabe rechaza.