«José María Bravo es culpable, pero no es el único», así de tajante se mostró ayer LAB, una vez que se supo la acusación del fiscal que pide 24 años y tres meses de cárcel para el ex director de la oficina de Irun de la Hacienda Foral de Gipuzkoa; 10 años y un mes de cárcel para su esposa, Rosa María Cobos; y un año y medio de cárcel para Pedro María Atristrain. Ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Irun también decidió la apertura del juicio oral, que corresponderá a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. En ese auto se ratifica la medida cautelar personal de libertad provisional bajo fianza contra el principal encausado.

LAB señala que desde 1999 a 2004 fechas de ese fraude pasó mucho tiempo por lo que entiende que «ha tenido que existir una trama que lo haya permitido, cuando no compartido y alentado, desde la propia Administración». Se calcula que los tres encausados se han quedado con dos millones de euros en estas operaciones fraudulentas.

La central sindical asegura, por otro lado, que «a nadie se le puede escapar que su hermano, Víctor Bravo fue el jefe de la hacienda guipuzcoana por aquellos años y posterior senador del PNV en Madrid» y añade que la Comisión de Investigación de las Juntas Generales de Gipuzkoa «vinieron a determinar y aprobar que tanto Víctor Bravo como Atton Market o González de Txabarri, anterior diputado general de Gipuzkoa, fueron responsables políticos del `caso Irun', pero nadie ha pagado por ello».

Ante todas esas evidencias, la central sindical que lidera Ainhoa Etxaide sostiene que «ni antes ni ahora, tampoco Markel Olano y su equipo de gobierno, han sido capaces de actuar contra un funcionario que compartía negocio con Víctor Bravo y que era la mano derecha del ex diputado general González de Txabarri». LAB cree que «ha habido pasividad» en ese caso, lo mismo que «con el actual diputado de Infraestructuras y candidato a la alcaldía de Donostia, sr. Goia, que fue asesor del Departamento de Hacienda en esas fechas en que se cometieron esas fechorías».

LAB también denuncia la «actitud hipócrita» de algunos político que hoy «por quedar bien» están diciendo que «es horroroso el fraude, mientras durante años lo han consentido o, por lo menos, han mirado para otro lado» y exige «transparencia».