Los concejales de la izquierda abertzale, EA y Aralar ofrecieron ayer una rueda de prensa en Bakio para denunciar «los últimos coletazos de Txomin Renteria como alcalde» y expresar su preocupación por los modos de actuar del representante jeltzale que no opta a la reelección. Se trata, advirtieron, de dos casos de «nepotismo» que se suman a otras irregularidades denunciadas públicamente y en los tribunales por los grupos de la oposición municipal.

Los cinco ediles informaron de que hace escasos cinco días tuvieron conocimiento a través de una filtración de que, sin publicidad alguna ni traslado a los grupos de la oposición, el alcalde del PNV había rubricado el 28 de abril un decreto en el que acordaba otorgar contrato indefinido al gerente, Xabier Ziarreta, una figura que creó hace unos años Renteria y que era ocupada por este cargo eventual de confianza.

Los corporativos de la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Aralar recordaron que el gerente fue elegido por el primer edil hace ocho años y denunciaron tanto la actitud de Renteria como la de la Junta del PNV «porque es ilegal contratar a una persona por decreto en una institución pública». Incidieron en que los dos días anteriores, además de «esconder» el decreto a estos ediles, se les había prohibido sacarlo de la casa consistorial «con el objetivo de evitar informar a las vecinas y vecinos de Bakio».

Para la oposición, la figura del gerente no se sostiene ya que es él, junto a la junta de gobierno controlada por el PNV, el responsable de la «muy grave» situación económica de la institución. Desvelaron que el Consistorio tiene facturas impagadas por valor de 5,8 millones de euros, a lo que hay que añadir créditos que superan los 3 millones.

Después de saber de esa contratación, en su opinión irregular, el jueves conocieron que el 9 de mayo Renteria había revocado la contratación de Ziarreta «cuando llevaba 18 días con contrato indefinido». «La revocación no es más que una respuesta a ese rechazo social que se ha generado ante dicho contrato», manifestaron, antes de advertir de las consecuencias económicas que acarreará.

La izquierda abertzale, EA y Aralar subrayaron que es «un caso claro de prevaricación», que se suma a la contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnicas propias de un arquitecto a la firma Arkigest Estudioa SL, por un periodo de cuatro años.

El gabinete de arquitectura en cuestión lo dirige Iskander Atutxa, hijo del ex presidente del Parlamento de Gasteiz, Juan María Atutxa. Ante los pliegos del concurso, precisaron, el Colegio de Arquitectos presentó una alegación, rechazada por el Ayuntamiento, en la que se denunciaba que tiene «carácter discriminatorio, puesto que la especificidad de semejante solvencia discrimina a numerosos» profesionales. La oposición duda de su legalidad.