El Parlamento de Uruguay decidió en la madrugada de ayer la Ley de Caducidad, vigente desde 1986, que impide juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares durante la última dictadura (1973-1985). Ahora se deberá esperar a una nueva legislatura para modificar o anular la amnistía a los represores.

Tras más de catorce horas de debate ininterrumpido, el proyecto de ley impulsado por la coalición gubernamental Frente Amplio (FA) obtuvo el respaldo de 49 de los 98 diputados que había en la sala, un empate propiciado por la abstención del parlamentario del FA Víctor Semproni, que se negó a acatar la disciplina de voto y se ausentó durante la votación, que significa la permanencia de la Ley de Caducidad en el ordenamiento jurídico uruguayo.

Esta polémica legislación fue aprobada poco después del fin de la dictadura y la posibilidad de dejarla sin efecto fue rechazada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009, lo que no impidió que el FA impulsara una iniciativa en el Parlamento para intentar hacer inaplicable una ley que «ataca nuestra dignidad como nación y como Parlamento».

Semproni, ex guerrillero de 74 años torturado durante la dictadura, afirmó que su decisión correspondía al respeto de la voluntad popular y consideraba «inconstitucional» el proyecto. Ya había anunciado que no acataría la disciplina de voto, a pesar de que el presidente, José Mujica le había pedido que acatara la decisión del partido «a pesar de su discrepancia», porque mantener la «unidad de acción» es algo de «enorme importancia» para un Gobierno.

La oposición, que votó en bloque en contra, consideró también que el proyecto del FA era un «grosero intento de pasar por encima de la voluntad popular» expresada en las urnas.

De haber prosperado este proyecto, decenas de policías y militares que cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura hubieran podido ser juzgados.