La condena de la Audiencia Nacional española a cinco militantes abertzales a buen seguro dará momentos de gozo a los plumillas de la derechona. De hecho, la filtración de la sentencia ya dio pie a mostrar las primeras muestras de satisfacción.

En un punto editorial, «Abc» mostraba ayer su satisfacción por la larga condena impuesta a cinco de los procesados y, bajo el título «Otegi, el terrorista», no disimula que el líder abertzale no le cae muy bien: «Aquel `hombre de paz' que fue interlocutor del PSOE y del Gobierno de Zapatero en la negociación con ETA es hoy retratado por la Audiencia Nacional como un puro y simple terrorista». Hace mucho que lo habían advertido los de Vocento, y ahora hasta la Audiencia Nacional, un órgano judicial y, por tanto, neutral, lo confirma. Quizá las lectoras y lectores han reparado ya en la ironía.

Continúa el escribiente de «Abc» abriendo los ojos a los descreídos: «La decisión judicial arroja luz sobre la verdadera naturaleza de la tregua de ETA y las intenciones reales de la izquierda abertzale en la mascarada que lidera Bildu». Como se ve, en la opinión de los derechosos el insulto es algo inherente y mucho más habitual que los argumentos y la originalidad. En cuanto a la «luz» que arroja la decisión judicial, está claro que le ha iluminado hasta un estadio preocupante, pues afirma que el tribunal de la Audiencia Nacional -y, por supuesto, el diario de Vocento, no lo dudamos- conocen mejor las intenciones «reales» de ETA, de la izquierda abertzale y del sursumcorda mejor que ellos mismos.

Y para terminar, también pretenden iluminarnos a las temerarias que leemos sus memeces, eso sí, con la correspondiente dosis de insulto: «Si Bildu, Sortu, ETA y demás piezas del tinglado terrorista se toman esta condena como un gesto contra la tregua, nadie en su sano juicio debe dudar de que los jueces de la Audiencia han cumplido con su obligación, la mejor política antiterrorista». Una oyó ayer muchas opiniones que no eran ni de Bildu, ni de Sortu ni de ETA, y casi todas coincidían que es una sentencia contra el proceso de normalización y de paz, y una provocación. Y si la obligación de la Audiencia es seguir los impulsos políticos de los gobernantes, en efecto, los jueces han cumplido con su obligación.