De entre las diversas reacciones a la sentencia de la Audiencia Nacional española contra los militantes abertzales Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez cabe destacar la de Patxi López, más que por su contenido, por el cargo que ostenta quien las realizó. El lehendakari demostró ayer, una vez más, su talla política, que en ningún caso se corresponde con la de quien ostenta tal responsabilidad, sino con la de un militante del PSOE a secas. El lehendakari no es un notario, no es un cronista del acontecer en el territorio bajo su administración, sino alguien que debería ser capaz de acompañar el sentir de esa sociedad a la que supuestamente representa, en lugar de centrar su intervención en el respeto y acatamiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. López añadió, no obstante, que entiende la «sorpresa y frustración» que haya podido generar en algunos sectores de la sociedad vasca, lo que para su compañero de partido José Antonio Pastor es «desconcierto», debido al momento político que vive Euskal Herria.

Ciertamente, es comprensible la frustración que haya podido crear en ciertos sectores del PSE, que ven una oportunidad real de pasar a una fase de normalización democrática y de paz, a una fase de entendimiento y acuerdos desde la divergencia pero en términos estrictamente democráticos y con el único límite del respeto a todos los derechos y la voluntad popular.

Es comprensible, asimismo, el desconcierto que ha podido causar en sectores del PNV, que asegura que la sentencia es un paso atrás en la normalización de la convivencia y la califica de un absurdo político-judicial. Un PNV que hace poco alardeaba de ser el único capaz de avanzar en el logro de las aspiraciones de este país y de lograr la implicación de Madrid en un proceso de resolución democrática. El alcance de esa implicación, en efecto, puede provocar el desconcierto en algunos.

El fallo también ha generado cierta sorpresa, pero es igualmente cierto que no ha cogido desprevenido a quien conoce la trayectoria represiva del Estado español, una constante desde hace 75 años y ajena a las coyunturas. Así, la condena coincide con la respuesta que ha mantenido el Estado desde que la izquierda abertzale anunció el cambio de ciclo político, pasando por los consiguientes movimientos de calado que ésta hizo para adecuarse a ese nuevo ciclo en el que sólo la confrontación democrática será aceptable, y tras el alto el fuego permanente, general y verificable de ETA, todo ello de forma unilateral. La primaria respuesta policial y judicial del Gobierno de Madrid, disfrazada de «firmeza democrática», toda esa represión gratuita, ha causado y sigue causando sufrimiento en muchos ciudadanos vascos y sus familias, en gran parte de la sociedad vasca; sin embargo, más allá del innegable daño que esa represión provoca, ésta se revela estéril en cuanto a su objetivo final, que no es la desaparición de la violencia, sino la aniquilación del proyecto independentista. Un proyecto que habían dado poco menos que por finiquitado y hoy se muestra con una vitalidad inédita. Un proyecto que, paradójicamente, las continuas detenciones, torturas, encarcelamientos, ilegalizaciones, los numerosos procesos sumarísimos no hacen sino fortalecerlo y crear solidaridad en torno al mismo tanto en el país como en el campo internacional. El objetivo de acumulación de fuerzas soberanistas, que según el tribunal que ha condenado a los militantes abertzales era una consigna de la organización ETA, es una realidad cada vez más palpable gracias al trabajo de miles de abertzales de izquierda, pero también es preciso reconocer que una parte del mérito corresponde a la invariable dinámica represiva del Estado, si bien la sociedad vasca no precisa ese tipo de «favores», sino simplemente aportaciones en la dirección de un proceso que conlleva la finalización de cualquier tipo de sufrimiento. En cualquier caso, esta resolución de la Audiencia Nacional española, aunque aumente el enfado de la sociedad, no logrará el desánimo ni el abatimiento de la mayoría de los vascos.

El proceso contra Otegi, Díez, Zabaleta, Jacinto, Rodríguez, Moreno, Esnal y Serra ha sido, es, una muestra de la instrumentalización de la Audiencia Nacional al servicio de una lamentable deriva represiva cuyo sostenimiento revela la falta de respuesta política del Estado español frente a la estrategia soberanista vasca. Los poderes del Estado son conscientes de su incapacidad para la confrontación democrática y pretenden hacer pasar su dinámica represiva por estrategia política, eso sí, a costa de sacrificar la división de poderes y los procedimientos propios de un estado de Derecho, y más aún los de un estado verdaderamente democrático, al que se le supone la voluntad y capacidad de promover, impulsar y encauzar cualquier conflicto, especialmente con expresiones violentas, hacia la confrontación exclusivamente democrática. Paradójicamente, el actual proceso no ha sido promovido y estimulado por un estado democrático, sino por numerosos militantes abertzales de izquierda que, junto a una parte muy significativa de este país, se siente representada con orgullo por los militantes abertzales que la última sentencia de la Audiencia Nacional española ha condenado a largos años de prisión.