Después de pasar la tijera por Sanidad, Educación y Servicios Sociales, el impulso recortador del Govern ha puesto en su punto de mira a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y su principal cabeza visible: la televisión pública TV3. La iniciativa, una vez más, viene de un acuerdo entre CiU y PP, que siguen utilizando el Principat como laboratorio de recortes.

Dentro del gran paquete de reformas escondidas en la Ley Omnibus, presentada en verano por el president, Artur Mas, ante el Parlament, no ha pasado desapercibida la nueva ley de la CCMA, corporación que engloba a los grandes medios de comunicación públicos del Principat. Esta nueva ley, admitida a trámite el pasado 6 de octubre, contempla, entre otras medidas, eliminar la figura del director general, reducir de doce a cinco los miembros del Consell de Govern -órgano de gobierno de la Corporación- y de diez a cinco los del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) -autoridad reguladora independiente-. Todo en nombre de la sacrosanta reducción del gasto y en pro de la eficiencia.

Lo que no se entiende desde la perspectiva de ahorrar costes es el hecho de que con la nueva ley, los representantes del CCMA y el CAC no deberán ser consensuados por dos tercios del Parlament, como hasta ahora, sino que en la mayoría de los casos bastará con una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta como la que forman CiU y PP.

«Es un paso atrás», señala Ramon Espuny, que habla como presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya y como trabajador de TV3 desde hace más de 25 años. Espuny explica que uno de los logros de la ley aprobada por el Tripartit en 2007 fue dotar a la CCMA de órganos de gestión y control independientes. «Con la nueva ley volvemos a las cuotas partidistas y al control de los medios públicos por parte del Gobierno de turno», sentencia.

Lo que tampoco acaba de ser coherente es que CiU quiera recortar ahora el número de consejeros, cuando en la ley aprobada en 2007, el Tripartit abogó porque fuesen siete y fueron los convergentes quienes impusieron la cifra de doce, tal y como ha denunciado el diputado socialista Joan Ferran. ERC e ICV-EUiA también se han posicionado en contra de la nueva ley.

Ofensiva de la iniciativa privada

Pero si algo ha acabado por encender los ánimos de la oposición y de los profesionales fueron las declaraciones del candidato de CiU a las elecciones del 20-N, Josep Antoni Duran i Lleida, que en una entrevista radiofónica, anticipó que el Govern recortará «y mucho» en TV3.

Las declaraciones acabaron por sacar de quicio a la directora de TV3, la reconocida periodista Mónica Terribas, quien dos días después de las declaraciones de Duran i Lleida salió a la defensiva con un artículo de opinión publicado por los principales periódicos del Principat.

Bajo el elocuente título de «Queremos un espejo roto?», Terribas realiza una encarnizada defensa de la función pública que deben desempeñar los medios públicos. La misiva, que ha suscitado el apoyo incluso de miembros del Govern, destaca también el esfuerzo que ya están realizando los trabajadores, que se bajaron el sueldo un 5% voluntariamente.

Lo que a nadie se le escapa, como explica Espuny, es que el lobby de la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) y sobre todo, el Grupo Godó -propietario de «La Vanguardia», la emisora Rac 1 y de 8TV-, están ejerciendo una gran presión con el objetivo de debilitar los medios públicos y quedarse con los ingresos publicitarios. Tampoco lo ignora Terribas, que finalizaba la carta de manera contundente: «En ningún caso tiraremos la toalla para que unos cuantos intereses privados disfracen de crisis su intento de resquebrajar una herramienta de país y los valores que representa».