El secretario general de CCOO Euskadi, Unai Sordo, propuso ayer «un gran acuerdo» para dos años sobre los convenios colectivos «en términos salariales razonables», a cambio de una «profunda reforma fiscal» que «garantice más recursos para las administraciones públicas, más cohesión social, el mantenimiento de los servicios públicos y un nivel de intervención institucional sobre la economía que sirva para hacer frente a la crisis».

Acompañado de miembros de su ejecutiva, presentó un documento titulado «Iniciativa vasca por el empleo y ante la crisis». En su análisis, dijo que existen «cuatro problemas insoslayables»: en materia laboral con el creciente desempleo; en la negociación colectiva por el «bloqueo atroz» de la misma; en materia fiscal con la caída de la recaudación; y, por último, «en materia de precios, vivienda y movilidad al centro de trabajo».

Seis de cada diez

Para acometer estos problemas, CCOO de Euskadi propone un pacto durante los dos próximos años para «una renovación generalizada de los convenios colectivos bloqueados en términos salariales razonables que mejoren la demanda interna de Euskadi y den certidumbre en sus costos laborales a la empresa».

Porque, como explicó Unai Sordo, «seis de cada diez trabajadores amparados por un convenio sectorial provincial lo tienen sin renovar». CCOO precisó que esa no renovación supone «una pérdida de 130 millones por cada 100.000 trabajadores». En materia de negociación colectiva, CCOO ofreció un pacto intersectorial entre los sindicatos para hacer frente a «la impuesta reforma de la negociación colectiva» y para «habilitar acuerdos sectoriales para estructurar los ámbitos de empresa sobre los sectoriales en algunas materias».

Sordo explicó que se debe conseguir un compromiso «de mantenimiento del poder adquisitivo» para los años 2011 y 2012.

Rentas altas

A cambio de ese primer paso, CCOO de Euskadi propone una reforma fiscal «sobre las rentas altas y rendimientos no provenientes del trabajo, que mejore la recaudación de las administraciones públicas, sin ahogar la actividad económica para garantizar unas cuentas públicas que no depriman la actividad económica y garanticen unos servicios sociales y públicos sin recortes».

También demanda un plan de empleo que estimule la contratación de los colectivos más afectados por el paro, dado que «el 25% de los jóvenes están afectados por el desempleo». En este caso, Sordo propuso «el impulso de programas de formación de jóvenes en empresas con el compromiso de contratación, así como bonificaciones restringidas para parados de larga duración y mayores de 50 años».

Por último, reclamó medidas adicionales sobre la vivienda y el desplazamiento a los centros de trabajo que, «además de ser social y medioambientalmente deseables, mejoren la renta disponible de las familias».