Tras la histórica declaración de ETA
Euskal Memoria constata unas 1.300 muertes y prioriza la «no repetición»
Euskal Memoria presentó hace ya un año un exhaustivo listado de víctimas de la represión estatal desde 1960, que a día de hoy incluye 475 muertos. Ayer volvió a salir a la palestra para remarcar esta parte de la verdad ocultada o minimizada tras la decisión de ETA. Y aprovechó también para reivindicar que el futuro pasa por «las tres R: reconocimiento, reparación y no-repetición», subrayó Joxean Agirre.
Ramón SOLA | DONOSTIA
La cuestión de las víctimas del conflicto, como la de los presos, se ha situado automáticamente en primer plano informativo tras la decisión de ETA. Pero en vista de la carta del líder del PP vasco Antonio Basagoiti o el informe incompleto del colectivo Argituz, la fundación Euskal Memoria constata el riesgo de una «categorización maniquea» y un falseamiento de la realidad. Así las cosas, ayer salió a la palestra para repetir algo que ya hizo público hace un año en el libro ``No les bastó Gernika'' (``Gernikako seme-alabak'', en la edición en euskara): la represión estatal ha costado 475 vidas desde 1960 hasta hoy.
En consecuencia, Joxean Agirre y Arantxa Erasun remarcaron que si se quiere reflejar la auténtica realidad del conflicto durante la etapa histórica en que ETA ha practicado la lucha armada hay que hablar de más de 1.300 muertos y no sólo de 850. «La verdad completa llegará de la suma de todas las verdades parciales, no de una media aritmética de las mismas», resumió Agirre.
Euskal Memoria ofreció a los medios de nuevo su base de datos al completo, con nombres y apellidos, fecha y motivo de la muerte. Recuerda que su informe no se basa en hipótesis ni en proyecciones, sino en datos reales de vidas humanas perdidas por la guerra sucia, tiroteos policiales, política penitenciaria, exilio, deportación, tortura, impunidad policial en general... Y subraya una constatación contundente: casi la mitad (236 sobre 475) «eran personas de a pie, civiles».
Con todo ello, Agirre reprochó a Basagoiti que haya afirmado que «los que defienden a España no hemos matado a nadie». Frente a ello, opinó que «tienen sobre sus espaldas una enorme responsabilidad, y por supuesto deben afrontarla».
En cuanto a estudios como el de Argituz, Euskal Memoria incidió en que hay que hacer un cuadro completo de la cuestión, evitando cualquier tipo de discriminación. El citado trabajo, que se admitía como «incompleto», únicamente cita 93 víctimas mortales a manos de las FSE y otras 72 por bandas armadas o grupos parapoliciales.
A nivel oficial, ni siquiera eso. El único trabajo existente es el adelantado por el anterior director de Derechos Humanos de Lakua, Jon Mirena Landa, «bientencionado pero absolutamente incompleto». En él se referían unos 75 muertos por represión estatal. El Gobierno de Lakua actual ha encargado un registro a Unesco Etxea.
«Marco democrático»
Este «baile de cifras» no es una mera cuestión de disputa dialéctica. Euskal Memoria recalca que la definición de todas las víctimas sin exclusiones es obligada para cumplir las denominadas «tres R» (reconocimiento, reparación y no-repetición).
Agirre incidió sobre todo en la importancia de este último criterio: «El acuerdo, ratificación popular y materialización de un marco democrático son, en nuestra opinión, las mejores garantías posibles» para construir otro futuro.
Euskal Memoria remitirá sus archivos también al Grupo Internacional de Contacto para que esté informado sobre el tema. Y deja claro que seguirá recogiendo testimonios. Así, cuenta ya con una base de datos con referencias concretas de unos 2.500 torturados, aunque calcula que el número total en estos 50 años ha ascendido a cerca de 10.000. También tiene catalogados a unos 1.200 heridos por acciones policiales o parapoliciales, que requirieron hospitalización o atención.
El exsubinspector de la Policía española José Amedo, condenado a más de 100 años de cárcel por la guerra sucia pero que sólo cumplió unos pocos en prisión, ha sido el último en criticar que «se están haciendo muchas concesiones» tras la declaración de cese definitivo de la actividad armada de ETA.
Se da la circunstancia de que Amedo sólo permaneció doce años en prisión -la mitad de ellos en régimen abierto- tras haber sido condenado primero a 108 años de cárcel por varios atentados de los GAL en 1991 y luego a ocho años más por el secuestro de Segundo Marey, en otro proceso posterior en 1998.
Amedo no recibió indultos parciales, como sí ocurrió con sus superiores José Barrionuevo o Rafael Vera, pero disfrutó de privilegios en prisión y fue excarcelado antes de tiempo. En numerosas ocasiones ha amenazado con «tirar de la manta», pero nunca lo ha hecho. Ha aparecido también en diversos programas de televisión de éxito sin que ello suscitara escándalo en el Estado español. Hace un año fue detenido acusado de maltratos en el ámbito familiar, pero quedó libre enseguida.
Ahora Amedo vuelve a la palestra para afirmar que la declaración de ETA «es el comienzo de una historia bien montada en la que parece que están participando de alguna forma la mayor parte de los partidos políticos». Auguró que va a haber «concesiones» y criticó la postura del líder del PP, Mariano Rajoy, que le parece blanda.
Miles de vascos se echaron a la calle ayer contra la política carcelaria. El último viernes de octubre era también el primero después de la decisión de ETA, y Egin Dezagun Bidea remarcó en su mensaje que no es un momento cualquiera: «Tenemos un gran reto en nuestras manos, un reto de dimensión histórica. Y estamos seguros de que lo conseguiremos: primero levantando las medidas extremas y después poniendo en camino a casa a todos los presos y refugiados vascos».
El mensaje leído en las decenas de concentraciones remarca que «la sociedad vasca tiene la llave para acabar con la política penitenciaria vigente». Se anima, por tanto, a acelerar la creación de «herri bilgunes» en las localidades vascas, para crear con todo ello «una enorme ola de solidaridad». El otro jalón fijado en el camino es la movilización del próximo 7 de enero, que se pretende que rompa marcas. Hoy será presentada en Bilbo.
El comunicado de Egin Dezagun Bidea comenzaba haciendo referencia a la declaración de ETA, la Conferencia Internacional de Donostia y la manifestación del sábado pasado en Bilbo para subrayar que este mes ha hecho historia sin duda en Euskal Herria. «Pero aún quedan muchos pasos por recorrer para alcanzar una verdadera resolución democrática para Euskal Herria. Uno de ellos es respetar los derechos de las personas presas y exiliadas. La sociedad vasca así lo exige. Por tanto, consideramos que la política penitenciaria vigente debe pasar cuanto antes de términos de represión, utilización y venganza a claves de resolución democrática».
Otro tanto pidió por la mañana el sindicato LAB en una movilización en Bilbo que concluyó ante la sede del PSE. Allí su secretaria general, Ainhoa Etxaide, defendió la amnistía para los presos políticos vascos sea cual sea la «fórmula jurídica» que se aplique para ello. Y a corto plazo reivindicó el fin d e las medidas penitenciarias de excepción. Añadió que trasladarán todo ello a Patxi López en la reunión prevista el jueves que viene.
Ya por la tarde miles de personas se movilizaron en calles y plazas de Euskal Herria. En Villabona, como se celebraba el funeral por Inaxio Zelarain, alrededor de 170 personas de la comarca se reunieron portando ikurriñas y banderas hasta las 18.30 para rendir homenaje al fallecido y solidarizarse con todas y todos los presos políticos vascos.
En Lizartza se movilizaron 47 personas, Orio 36, Orereta 194, Bergara 52, Hondarribia 44, Ordizia 85, Zaldibia 75, Soraluze 56, Lezo 35, Pasai San Pedro-Trintxerpe 32, Pasai Donibane 37, Donostia 140, Pasai Antxo 90, Urnieta 38, Hernani 290, Idiazabal 35, Urretxu-Zumarraga 95, Aretxabaleta 60, Azkoitia 150, Anoeta 23 y en el barrio donostiarra de Amara 45. En Zumaia fueron 60, Ibarra 55, Getaria 30, Amezketa 25, Alegia 20, Zarautz 162, Arrasate 350, Tolosa 95, Legorreta 33, Betelu 23, Zestoa 58, Beasain 65, Elgeta 25, Segura 50, Usurbil 111, Ikaztegieta 15, Eskoriatza 30, Andoain 30, Deba 55 e Irun 65.
En Bilbo, en Sabin Etxea 90 y en Arriaga 210; Zeberio 21, Mallabia 46, Zalla 25, Karrantza 25, Erromo 105, Bermeo 45, Algorta 225, Bakio 50, Abadiño 58, Zaldibar 28, Leioa 90, Urduliz 13, Santurtzi 75, Balmaseda 25, Zamudio 25, Iurreta 35, Abanto 39, Muskiz 17, Gernika 67, Basauri 58, Lemoiz 11 y Zornotza 85. En Trapagaran fueron 33, Plentzia 17, Etxebarria 28, Busturia 30, Portugalete 60, Arrigorriaga 56, Berriz 25, Lekeitio 160, Arratia 70, Urduña 47, Ermua 35, Mundaka 19, Munitibar 30, Lezama 20, Ondarroa 212, Aulesti 93, Sondika 5, Sestao 50, Galdakao 90, Sopela 50, Maruri 5, Otxandio 75 y Larrabetzu 72.
En la encartelada de Iruñea los que se movilizaron fueron 270 personas, en Gares 40, Elizondo 47, Irurtzun 25, Zizur 25, Arbizu 35, Etxarri Aranatz 101, Lekunberri 18, Areso 30, Berriozar 40, Leitza 60, Bera 25, Olazti 31, Irunberri 40, Lesaka 52, Uharte 17, Burlata 41, Tafalla 95, Lizarra 105 y Etxalar 18.
En la encartelada móvil de Gasteiz estuvieron 640 personas, en Murgia-Zuia 35, Laudio 112, Aramaio 30, Amurrio 60 y Biasteri 20.
En Uztaritz fueron 17, Senpere 10, Donibane Lohitzune 40, Baiona 40, Garazi 21 y Kanbo 21. GARA
