El 10 de noviembre de 1998, en un momento en que ni siquiera se habían cumplido dos meses desde el alto el fuego permanente declarado por ETA tras el Acuerdo de Lizarra-Garazi, todo el Congreso de los Diputados votó a favor de una moción que reclamaba al Ejecutivo de José María Aznar «una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria, de la manera que mejor propicie el final de la violencia».

Con aquel texto entró en las Cortes españolas una cuestión que casi siempre se había ocultado o bien rechazado de plano. Así había ocurrido tres años antes, en marzo de 1995, cuando los diputados de Herri Batasuna forzaron una votación sobre la dispersión. Recibió dos votos a favor -los suyos-, tres abstenciones y hasta 294 noes.

A finales de los años 70 y principios de los 80 sí había sido algo más frecuente oír hablar de presos en el Congreso. Mirando la hemeroteca se encuentran curiosidades como una pregunta formulada por el diputado del PSOE y «padre de la Constitución», Gregorio Peces-Barba, en la que se interesaba por «si es cierto que hay presos vascos con enfermedades crónicas», instaba al Gobierno de UCD a «atajar la situación» y planteaba la posibilidad de «acelerar la tramitación de las causas y la celebración de los juicios» para ellos. La iniciativa se presentó el 7 de diciembre de 1979, en un momento en que ya había 142 presos políticos vascos. Las cárceles se volvían a llenar después de la amnistía de 1977. El problema seguía.

El Congreso no puso objeción alguna al inicio de la política de dispersión en los 80, y permaneció pasivo también ante el enconamiento del conflicto penitenciario durante los años 90. Hubo que esperar al nuevo escenario creado por el Acuerdo de Lizarra-Garazi para que se alcanzara un acuerdo que, si bien tenía un alcance reducido y una formulación ambigua, era un hito por venir de donde venía y por la unanimidad recabada.

Movilización y diálogo

Para ese mes de noviembre de 1998, el Gobierno de Aznar ya había iniciado algunos acercamientos de presos vascos por su cuenta, sin polémica alguna. Y ya con el acuerdo del Congreso en la mano, tomaría otras medidas como el traslado a la Península de quienes todavía permanecían encerrados en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

La mayoría social vasca reclamaba mucho más, y así se gestó la mayor movilización conocida hasta hoy por los derechos de los presos políticos, en Bilbo en enero de 1999, con la presencia de todos los partidos, sindicatos y colectivos de Lizarra-Garazi, incluido el PNV.

El enquistamiento de la situación hizo que en junio el Congreso volviera a aprobar una segunda moción, en este caso más imperativa, por impulso de PNV y EA. En ella se exhortaba al Ministerio del Interior español a «culminar el cumplimiento efectivo, en el tiempo más inmediato posible, de una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria, acorde con el fin de la violencia». Los diputados del PP volvieron a votar a favor. Para entonces, los enviados de Aznar se habían reunido con ETA.

El fin de Lizarra puso todo en la dirección contraria. Año y medio después, Zapatero (PSOE) y Aznar (PP) suscribían un pacto que entre cosas establecía esto: «La legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo».