El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, aceptó las tesis de la Fiscalía e imputó ayer un delito de «atentado contra la autoridad» a los tres activistas de Mugitu! que lanzaron tartas a la presidenta del gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina para denunciar su apoyo al TAV. De este modo, Julio Villanueva e Ibon Garcia podrían enfrentarse a una petición de entre 4 y 6 años de cárcel. Una solicitud que llegaría hasta los 9 años en el caso de Gorka Ovejero, a quien la fiscal, Blanca Rodríguez, aplica un «agravante» por ejercer como teniente alcalde en Arruatzu. Unas elevadas imputaciones que el juez argumenta no por el daño causado, sino por la intención de «ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad» de Barcina. Como medidas cautelares impuestas por Pedraz, los tres imputados tendrán que comparecer semanalmente para firmar en el juzgado y no podrán abandonar el Estado español.

Alrededor de las 10.30 y en medio de una inusitada espectación mediática, los tres imputados comparecieron ante el juez Pedraz, que les interrogó por un breve espacio de tiempo. Todos ellos se negaron a declarar. Apenas tres horas después se conocía la decisión del togado, que los dejó en libertad pero que admitió todas las peticiones de la fiscalía. Unas demandas a las que se adhirío la acusación particular.

Lo paradójico del caso es que, a pesar de que los hechos ocurrieron en el Estado francés, fue la Policía Foral la que arrestó a los acusados y ahora es la Audiencia Nacional española quien trata de juzgarlos. Se acoge así a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dictamina que este tribunal es competente para casos ocurridos en el exterior del Estado español siempre y cuando los hechos sean constitutivos de delito y se cometiesen entre ciudadanos con pasaporte español.

Sin embargo, a pesar de la catalogación realizada por el ministerio fiscal español, los tartazos solo constituirían una falta en el Estado francés, por lo que no entraría en los supuestos. Además, cabe recordar que los juzgados de Toulouse ya han abierto sus propias diligencias, y que los imputados se han mostrado dispuestos a cooperar. «Estos hechos están siendo juzgados en el Estado francés», recordaba ayer mismo Gonzalo Boye, que ejerce como abogado defensor, y que recordó que existen dos procedimientos abiertos, uno por «violencia voluntaria» y otro por «daños abiertos», castigados ambos con multas.

Quizás las especiales características del caso sean el motivo de que la Fiscalía haya solicitado un procedimiento abreviado a fin de que el juicio pueda desarrollarse cuanto antes. Una petición aceptada también por Pedraz. En los próximos diez días, las partes deberán de solicitar la apertura de un juicio oral o el archivo de la causa.

«No nos sorprende. La Audiencia Nacional actúa como tribunal de excepción contra cualquier caso de disidencia», explicaba Villanueva, uno de los imputados. A pesar de la desproporcionada petición, los acusados instaron a seguir la lucha contra el TAV a través de la desobediencia civil.