Los sindicatos representados en el comité de empresa de Esmaltaciones San Ignacio recurrirán, al igual que hará el Ayuntamiento de Gasteiz, el auto judicial por el que se acordó el cierre definitivo de esta fábrica, lo que supondría la pérdida de 89 puestos de trabajo.

El comité considera que la empresa ha actuado de forma fraudulenta, porque recibió 26 millones de euros de plusvalía por un convenio urbanístico firmado en 2004 con el Consistorio, con la condición de que ese dinero se invirtiera en la nueva planta de Jundiz y se mantuviera la plantilla.

Los trabajadores apuntan que esa cantidad se desvió a otras empresas del grupo y que lo invertido en Gasteiz se hizo a cargo de préstamos bancarios, lo que dejó a la planta en una «situación muy precaria».

El comité anunció que seguirá con las movilizaciones diarias en contra de la liquidación definitiva de la factoría y ha convocado una manifestación para el día 30 de noviembre.