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Prorrogan las ayudas públicas a los bancos, pero no las de los desempleados

Mientras la Comisión Europea anunciaba la extensión por periodo indefinido de las ayudas públicas a las entidades financieras, los socios de la UE no se ponían de acuerdo para hacer lo mismo con los parados.

Imanol INTZIARTE | DONOSTIA

El sector bancario recibió ayudas públicas por un total de 1,6 billones de euros entre octubre de 2008 y diciembre de 2010 procedente de los estados de la Unión Europea (UE), lo que supone un 13% del Producto Interior Bruto (PIB), según reveló ayer la Comisión Europea (CE). El 58% de estas ayudas fue entregado a bancos de tres países: Irlanda (25%), Gran Bretaña (18%) y Alemania (15%).

Esta institución anunció además una extensión indefinida del régimen especial adoptado durante la crisis para permitir la concesión de ayudas públicas a la banca, y una rebaja en los requisitos para la reestructuración de las entidades.

«La condición clave para desconectar la máquina de respiración asistida entre el Estado y el sector financiero es que se solucione la crisis de la deuda soberana», declaró en un comunicado el vicepresidente de la Comisión y comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

El político español matizó que «siempre hemos dicho que los bancos deben pedir ayuda estatal como último recurso, lo primero es buscar financiación por sus propios medios».

Sin acuerdo

Al mismo tiempo, los miembros de la UE no lograron alcanzar un acuerdo para prorrogar hasta 2013 el régimen especial de ayudas europeas para los trabajadores que perdieron su empleo por la crisis.

En el debate celebrado en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, Alemania, Gran Bretaña y Suecia, entre otros, se opusieron a la extensión de las ayudas, cuestionaron su efectividad para favorecer la reinserción laboral y defendieron la necesidad de que las acciones para paliar el desempleo se tomen a nivel estatal y no europeo.

Los fondos «no se han centrado en los países más castigados por la crisis», dijo la secretaria de Estado alemana, Annette Widmann-Mauz, mientras que la ministra sueca de Trabajo, Hillevi Engström, defendió que «sólo un bajo porcentaje de los desempleados que reciben ayudas logra regresar al mercado laboral».

El Estado español, segundo mayor receptor de estos fondos, defendió la prórroga tanto por su efectividad como por su «valor simbólico».

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