Diversas administraciones han aprobado estas últimas semanas el primer documento que exige la Directiva Europea del año 2007 sobre evaluación y gestión del riesgo de inundación. El azar ha querido que esta aprobación haya coincidido con una de las mayores inundaciones sufridas en los últimos 25 años en el País Vasco, la que ocurrió durante el fin de semana del 5 y 6 de noviembre y que afectó principalmente al este de Gipuzkoa.

Este primer documento, denominado Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación o EPRI, determina las áreas con mayor riesgo de sufrir inundaciones. Es decir, aquellos territorios en los que hay mayor probabilidad de que ocurran estos fenómenos y en los que se pueden producir los mayores efectos sobre personas, bienes e infraestructuras. La EPRI ha sido elaborada por diversas administraciones. Por parte del Gobierno Vasco lo han elaborado conjuntamente la Agencia Vasca del Agua URA (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca) y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (Departamento de Interior). Por parte de la Administración central han participado las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y Ebro. El documento ha sido sometido a consulta pública y ha sido finalmente aprobado por los órganos de gobierno de las diversas instituciones.

La EPRI ha permitido constatar la vulnerabilidad de nuestro territorio a las inundaciones. En ella se determina que en la CAPV hay 100 áreas que concentran el mayor riesgo, y que se sitúan sobre todo en la vertiente cantábrica. No obstante, estas 100 áreas no son las únicas que pueden sufrir efectos por inundaciones, pero sí las que pueden acumular los mayores daños. Antes del fin de 2013 deben realizarse los mapas de riesgo, que deben profundizar sobre el trabajo realizado ahora, y antes de 2015 se tienen que aprobar los planes de gestión del riesgo de inundación: los planes que han de marcar la «hoja de ruta» que permita aminorar este riesgo en las áreas con mayor probabilidad de sufrirlo.

La política de prevención de inundaciones se ha centrado en estos años, y en lo sucesivo también debe centrarse, en tres pilares fundamentales, admitiendo de antemano que las inundaciones se seguirán produciendo y no podremos evitarlas, pero sí podremos disminuir sus efectos negativos sobre la sociedad. Incluso actualmente no podemos descartar que estos fenómenos se incrementen en un futuro debido a los cambios en el clima. El tema es demasiado serio como para que no lo tengamos en cuenta.

En primer lugar, y de manera perentoria, debemos evitar incrementar el ya abultado catálogo de áreas de riesgo, algo en lo que estamos comprometidos desde hace tiempo. Los nuevos asentamientos urbanos y las nuevas infraestructuras deben situarse en zonas seguras. Y esto sólo puede conseguirse dotando a los ríos y a los estuarios del necesario espacio para su expansión, sin ocupar con elementos sensibles las áreas que pertenecen a estos ríos y estuarios y que reclaman periódicamente. Lo contrario es desafiar a la naturaleza. Y ya sabemos que en este tipo de desafíos a la larga acabamos perdiendo.

En segundo lugar, debemos profundizar en la atención a las emergencias. Por ahora no podemos garantizar un riesgo cero. Durante mucho tiempo seguiremos sufriendo los efectos de las inundaciones y es necesario que tengamos los mejores mecanismos para que estos efectos negativos sean mínimos. El viceconsejero de Interior lo explicaba en un reciente artículo aludiendo a tres líneas de trabajo: alerta temprana (predicción, no sólo meteorológica, sino de la verdadera respuesta de los ríos), sistemas de ayuda a las decisiones (con una vigilancia en tiempo real) y mejora de las respuestas operativas. Sin olvidar otros elementos como una adecuada gestión de algunos embalses, como las operaciones que se han realizado varias veces en el Zadorra en los últimos años y la que recientemente efectuó Aguas del Añarbe, reteniendo más de ocho millones de metros cúbicos durante el último episodio de inundaciones en ese embalse, lo que permitió sin duda que los efectos de la crecida fueran menores en la cuenca baja del Urumea.

En tercer lugar, debemos ejecutar las oportunas obras para disminuir el riesgo de inundación en áreas actualmente urbanizadas y en las que se esperan los mayores impactos. Se trata de proyectos habitualmente muy complejos y en los que es esencial la coordinación y cooperación de diversas administraciones, desde la local hasta la estatal. En la Agencia Vasca del Agua, en colaboración con los otros organismos, estamos trabajando en los 30 proyectos más prioritarios, que van a exigir desembolsos multimillonarios y dolorosas operaciones urbanísticas, incluyendo numerosos realojos de viviendas y pabellones industriales. Siendo realistas, tardaremos al menos 10 años en llevar a cabo estos 30 proyectos más importantes y detrás vendrán bastantes más.

La prevención de inundaciones es el mayor reto al que se enfrenta la administración del agua en Euskadi, y para ello requiere el concurso y la colaboración de todas las administraciones y del resto de la sociedad. Estoy convencido de que vamos por el buen camino y, aunque queda mucho por transitar, lo acabaremos consiguiendo.