El año no empezó bien para los Mossos d'Esquadra. El mismo 1 de enero, un hombre moría en un hospital de Manresa por una parada cardiorespiratoria, después de haber sido detenido por la Policía catalana. El caso se está investigando, pero el conseller de Interior, Felip Puig, no dudó en respaldar una vez más la actuación policial, dando señales de que la actitud en este 2012 no variará respecto al año pasado.

Y es que la llegada de Puig al mando de la seguridad del Principat fue estratosférica. Durante el primer mes de 2011 suprimió el Programa de Seguridad contra Violencia Machista y eliminó el Código Ético de la Policía, impulsado durante el Tripartit. En la calle, el estreno también fue como el de la entrada de un elefante en una cristalería, ya que el 23 de enero los Mossos tomaron el centro de Barcelona para desalojar sin orden judicial la Casa de la Vaga. Los 418 identificados fueron absueltos un mes más tarde.

Aunque, en calidad de funcionarios, los Mossos también han sufrido recortes -de hecho también han protagonizado manifestaciones-, el cuerpo policial en sí no ha sido víctima de la crisis. Después de que cuatro personas perdieran un ojo en dos años a causa de las pelotas de goma -nueve agentes están imputados por ello-, Interior anunció la compra de subfusiles LL-06, que disparan proyectiles similares a una pelota de golf. Eso sí, la novedad no ha supuesto la retirada de las pelotas de goma.

No ha sido la única novedad en cuanto a la profesionalización de la represión, ya que durante el año también se han anunciado la creación de una unidad especializada en los antisistema y la incorporación de cámaras al equipo de los antidisturbios.

Actuaciones estelares

La actuación más espectacular de los Mossos en 2011 fue el intento de desalojo de Plaça Catalunya, el 27 de mayo, en el que un centenar de activistas resultaron heridos. El Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona aceptó en diciembre la querella de 55 afectados y abrió diligencias contra toda la cadena de mando, empezando por el director general, Manel Prat.

Las alarmas volvieron a saltar cuando los Mossos detuvieron, en plena Ciutat de la Justicia, a los activistas imputados por los incidentes del Parlament del 15 de junio, en una operación que le costó el cargo al responsable de los Mossos en los juzgados. Los activistas habían acudido para personarse ante la Justicia y evitar así una detención innecesaria.

La acción de la Justicia, sin embargo, se ha mostrado poco eficaz a la hora de parar los pies a la Policía. En los pocos casos en los que se ha llegado a condenar a agentes, el propio poder político ha sido quien ha acudido al rescate: el 9 de setiembre, el Consejo de Ministros aprobaba un indulto parcial a tres agentes condenados por un delito de detención ilegal.

Pero en cuanto a problemas judiciales para los Mossos, el «Caso Macedonia» ha sido sin duda alguna la estrella. Una veintena de agentes están imputados en un caso que también se extiende a la Policía española, la Guardia Civil y policías municipales. El juez Joaquín Aguirre -que según recoge La Directa, ha tenido que pedir protección- acusa a agentes de la Policía de alertar al narcotraficante Manuel Gutiérrez-Carvajo sobre las operaciones policiales a cambio de información. El caso ha salpicado ya a miembros de la cúpula de los Mossos, como el comisario Josep Lluis Trapero, que tendrá que explicar, de momento como testigo, el porqué de las cerca de 80 llamadas telefónicas que mantuvo con Gutiérrez-Carvajo.

Como colofón a 2011, en los últimos días del año se publicó un duro informe de la Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACTP), órgano de expertos creado a petición del Parlament. En el informe se denuncia que algunas comisarías no cumplen con las condiciones de higiene y presentan un «desgaste manifiesto» y «problemas propios de estar ubicadas en la parte subterránea de un edificio». La ACTP también apunta que la comunicación de la detención de cualquier ciudadano al Colegio de Abogados no se hace de manera inmediata, lo que posibilita el maltrato y la tortura.