Los inversores de a pie deben saber que, habitualmente, los empleados de las entidades comercializadoras no resisten la tentación de colocarnos productos financieros de difícil comprensión y con riesgos. En la actualidad existe la obligación de ofrecerlos a inversores capaces de superar los test previos de conveniencia e idoneidad, según el caso. Asimismo, deberán disponer de la información exigible contenida en la documentación previa y posterior a la firma del contrato.

Esto es una consecuencia de la aplicación, desde noviembre de 2007, de la Directiva europea de instrumentos financieros (MiFID), que trata de mejorar la transparencia en las relaciones con las entidades, además de acotar las clases de productos que pueden ofrecerse en el mercado minorista. Bien es verdad que podría hablarse de manga ancha a la hora de fijar a qué productos, incluidos en esta directiva, se les coloca el sello de no complejos. Según esa calificación, la renta variable y fija en mercados regulados, el mercado monetario y los fondos de inversión no necesitarían de grandes explicaciones para la comercialización. Pues bien, estos productos financieros son de gran complejidad, al menos para la mayoría de los inversores minoristas. Quedan fuera de la normativa MiFID las cuentas, imposiciones de plazo fijo, depósitos a plazo con rendimiento variable pero con capital garantizado, planes de pensiones y seguros de ahorro.

Preferentes y pérdidas

Uno de los grandes males vividos estos últimos años con la explosión de la «crisis subprime» y los productos relacionados con ella fueron las pérdidas generalizadas asumidas por los inversores más modestos.

El mecanismo es el de siempre. Se cuenta con un dinero ahorrado durante años con esfuerzo y se plantea al banco una salida para mejorar su rentabilidad. El comerciante ofrece algo, que no es renta fija, pero que a los efectos es casi lo mismo. Vendría a ser, comentan, como un depósito que te da, de acuerdo a unos plazos prefijados, un interés, siempre más elevado que un depósito clásico. Así se han colocado, por ejemplo, preferentes emitidas en Islandia o los bonos de Lehman Brothers. Pero también se han vendido, dentro del Estado español, preferentes de las principales entidades financieras, cuotas participativas de cajas y pagarés sin conocimiento alguno de la situación de los emisores ni de los riesgos.

Vimos el resultado nefasto con las participaciones preferentes, de las que hablaban maravillas por su atractivo interés, pero ocultaban su nula preferencia, un riesgo elevado de pérdidas si la empresa quebraba (al colocarse en penúltimo lugar en la prelación del crédito), la cautividad del capital entregado hasta que decidiera la compañía su amortización y la pérdida casi segura de una parte de la inversión si se recurría a un mercado secundario inactivo. Estos productos se vendían a personas sin conocimientos suficientes sobre el producto y con evidente intención de ocultarles el riesgo asumido.

Básico: no son depósitos

Ahora, dentro del Estado español, está haciendo furor la oferta de pagarés bancarios, una vía para esquivar las tasas impuestas por el Gobierno en julio de 2011 a las entidades que ofrezcan depósitos y cuentas de alta remuneración. Si superan cierto interés -en la actualidad ligeramente por encima del 3%-, están obligadas a realizar aportaciones adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos.

No hace mucho tiempo, este instrumento financiero, con un plazo que oscila entre los 3 y los 18 meses, se destinaba al inversor institucional o al experto. Por tanto, es preciso saber, al menos, cuatro cosas de los pagarés: no son un depósito y no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, solo cuentan con la garantía de la solvencia de la empresa emisora, pueden venderse antes de vencimiento en el mercado secundario con la consiguiente pérdida y deben exhibir, para aumentar nuestra seguridad, un folleto aprobado por la CNMV.

Y lo mismo puede decirse de los bonos (senior, subordinados, convertibles...) que presentan características muy diferentes entre sí, por lo que comportan riesgos también diversos. Solo aceptaremos estos productos si entendemos de forma clara sus propiedades, precios, vencimientos, posición en la lista de cobro si quiebra el emisor, posibilidades reales de deshacernos de ellos si así lo deseamos. También se podría extender esta recomendación a la renta privada de otras empresas, pero generalmente el nominal es alto y es más difícil acceder a ella.

En el caso de las participaciones preferentes, una vez que la legislación europea ha eliminado su atractivo de formar parte del capital básico, han pasado ahora al primer plano por las maniobras de los bancos. En los últimos meses, se está ofreciendo su canje por acciones, mediante un primer cambio por bonos, obligatoriamente convertibles y con breves plazos de amortización para que puedan computar como capital básico. Desde junio, de acuerdo a las nuevas exigencias de la Autoridad Bancaria Europea, los bancos deberán contar con un 9% de capital básico.

Estas operaciones en marcha están aumentando el enfado de muchos inversores minoristas, que se ven atrapados en unos productos a los que no se ve salida y que, de aceptar la oferta, deben encajar pérdidas en el capital invertido.