Las gentes de Euskal Herria han protagonizado importantes movilizaciones de protesta a lo largo de la historia. A partir de finales del siglo XIX, esas movilizaciones, en forma de revuelta o de otro tipo de manifestaciones, conocieron un auge a raíz del surgimiento de un importante movimiento obrero en torno a la minería y la siderurgia y, por otro lado, de lo que se entiende ahora como nacionalismo vasco a partir de la teorización de los hermanos Arana. Pero sería a mediados del siguiente siglo, en pleno franquismo, cuando el nivel de movilización en Euskal Herria experimentaría su mayor auge, cuando en Hego Euskal Herria, junto con la lucha antifranquista, confluyeron otras dos hasta entonces supuestamente incompatibles, la sociolaboral y la nacional, de la mano del abertzalismo de izquierdas, hasta entonces muy minoritario.

A partir de entonces, la sociedad vasca ha protagonizado muchas y memorables movilizaciones de todo tipo, unas prohibidas y reprimidas con dureza, otras autorizadas pero silenciadas o minimizadas por la mayoría de los medios de comunicación. Los habitantes de este país, también las generaciones más jóvenes, han sido testigos y protagonistas de ese dinámico inconformismo, que siempre ha tenido en un lugar preferente las reivindicaciones en favor de los presos políticos.

Ayer Bilbo acogió la última de esas movilizaciones. No fue una más, sino que pasará a la historia del país. Efectivamente, 120.000 personas hicieron posible una movilización de proporciones colosales. Los intentos previos de intimidación y de manipulación por parte de instancias judiciales y políticas o las provocaciones de la Ertzaintza al comienzo de la marcha quedan en meras anécdotas que, en cualquier caso, retratan a sus autores. Pero también será recordada porque permitió visualizar el compromiso de una sociedad en un momento en el que se ve una clara posibilidad, y la determinación de la mayoría de agentes vascos, de cerrar un demasiado largo y doloroso conflicto. La sociedad vasca lo ha percibido y valorado, ha asumido el papel protagonista que le corresponde y exige pasos a quien se resiste a moverse. Además, ha dejado más claro si cabe que la situación de los presos y exiliados vascos se encuentra entre sus principales preocupaciones.

En los dos últimos años se viene destacando la activación social como el factor clave del proceso democrático. Y la sociedad vasca ha respondido positivamente con un nivel de movilización que ha ido in crescendo y que ayer en Bilbo simplemente se desbordó. Los responsables del Estado español sabían que la manifestación de ayer tendría un éxito sin precedentes por las adhesiones recibidas y por la palpable predisposición de los ciudadanos. Pero probablemente desbordó todas sus expectativas. Esa responsabilidad demostrada por los ciudadanos vascos contrasta con la irresponsabilidad de los poderes del Estado, cada día que pasa más en evidencia no sólo ante los ojos de los vascos, sino también de la comunidad internacional.

Ciertamente, el Estado español, independientemente del partido que conforme su gobierno, ha mantenido y mantiene una actitud irresponsable con el único objetivo de retrasar la inevitable confrontación democrática que ha de comenzar tras la resolución definitiva del conflicto, en una situación de normalidad y paz, basada en el respeto de todos los derechos de todos, en la que ningún sufrimiento pueda ser instrumento al servicio de intereses políticos. E irresponsable también porque, cuando por un lado se han dado pasos de calado hacia la necesaria humanización del conflicto, hacia el final de todo sufrimiento y el reconocimiento de todas las víctimas, el Estado se aferra a la utilización de los presos y presas políticos como verdaderos rehenes, a modo de baza a emplear frente a las demandas democráticas mayoritarias en Euskal Herria. Y paradójicamente, mientras pretende negar el carácter político de esos presos y exiliados, insiste en confirmar esa naturaleza política con su tratamiento penitenciario de excepción.

Las burdas excusas del inmovilismo

Los presos y presas políticos vascos, como agentes de primer orden, no se han quedado al margen del proceso de resolución; al contrario, se han sumado a los movimientos en pos de un escenario exclusiva y plenamente democrático, primero suscribiendo el Acuerdo de Gernika y posteriormente con la iniciativa que facilita los movimientos en aras a terminar con la política penitenciaria de excepción por parte del Gobierno de Madrid, decisiones tomadas, por cierto, en pésimas condiciones debido a los lastres e impedimientos de la dispersión.

Para intentar justificar su inmovilismo, el PP, y también el PSOE, se están escudando en el argumento de que no pueden aceptar salidas colectivas. Esa es prácticamente la única vía de escape que han encontrado para no afrontar el fondo del asunto de los presos y presas vascos. Una excusa que, sin embargo, contrasta con el hecho de que son precisamente esos dos partidos los que siempre han aplicado un tratamiento colectivo a este sector: la dispersión, el aislamiento, la llamada «doctrina Parot»...